Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 tras rechazar la declaración por videoconferencia o comisión rogatoria del expolítico, que en su anterior citación, programada para el pasado 26 de febrero, alegó problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir "un grave riesgo vital".
La Fiscalía Anticorrupción apunta a éste por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009, cuando Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros.
Ahora el juez remite al informe forense aportado a la causa el pasado 21 de marzo, que considera a Alvarado "un paciente médicamente estable" y descarta "contraindicaciones formales para volar", según consta en el auto al que ha tenido acceso Efe.
Por ello, le emplaza para el próximo lunes 16 y apercibe que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia "podrá convertirse en orden de detención".
Con todo, la defensa del exviceministro podría recurrir la decisión ante la sala al no ser firme.
Alvarado cerrará la ronda de declaraciones de los investigados, entre los que figuran los dos últimos presidentes de la compañía asturiana, Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Del Valle, que defendieron la legalidad de los acuerdos y negaron haber entregado 105 millones de dólares (89 millones de euros) al exvicepresidente de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, en prisión provisional.
Hechos refutados por el propio Villalobos ante el magistrado, al que relató que su relación con Duro Felguera, iniciada en 2011, se limitó a aspectos "básicamente informativos" sobre ingeniería y posibles cambios legislativos que pudieran afectar a la empresa.
Respecto a su retribución, sostuvo que aunque cobraba una elevada comisión del 5,5 % que "nunca había logrado" hasta la fecha, la heredó del contrato inicialmente suscrito entre Duro Felguera y Técnicas Reunidas (Terca), entonces presidida por el investigado Luis Barrios.
El pasado septiembre el Ministerio Público denunció a todos ellos ante el juez por presunto cohecho internacional y blanqueo a raíz de una investigación de 2015, posterior al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
La querella advertía de tres acuerdos, el primero firmado en diciembre de 2008 con Barrios al mando de Terca; paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento y asistencia técnica prestados a Duro Felguera para la construcción de la central termoeléctrica.
Ya en 2011 Terca, "debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados", cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son copropietarios Villalobos y su esposa.
El relato también incluye a la exabogada del Ministerio de Energía de Venezuela Julia Van den Brule, señalada por haber recibido presuntamente un pago de 70.000 euros en 2009, quien en su comparecencia aseguró que no estaba al tanto de nada y que no tenía capacidad de decisión alguna.