Los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital han comenzado un proceso legal en Estados Unidos para obtener documentación clave sobre la resolución de Banco Popular y su posterior compra por Banco Santander al precio simbólico de un euro.

Este procedimiento, presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado martes y al que ha tenido acceso Europa Press, se conoce como 'Discovery' y permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos y se considere que ostenta documentación relevante.

Los fondos, representados por el despacho Quinn Emanuel, buscan obtener mediante este proceso documentación relevante sobre la resolución de Banco Popular que permita sustentar las causas que mantienen abiertas ante la Justicia de la Unión Europea y de España.

De hecho, Pimco y Anchorage, que perdieron más de 600 millones de euros con la resolución de Banco Popular, realizan 26 solicitudes de informacón sobre diversos aspectos de la resolución entre las que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación, así como el tercer informe de Deloitte -que determinará si los accionistas y bonistas hubieran sufrido un menor perjuicio bajo un procedimiento habitual de insolvencia-.

"Santander posee información material sobre la venta forzosa de Banco Popular que es de importancia crítica para los procedimientos legales en Europa", aseguran en su escrito ante la Justicia norteamericana Pimco y Anchorage.

En concreto, Pimco disponía de bonos de Popular con un valor aproximado de 489,2 millones de euros, mientras que Anchorage ostentaba unos 154,7 millones de euros en bonos.

Estas dos firmas, junto con Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital, bonistas de Popular, interpusieron el pasado mes de septiembre un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por su papel en la resolución de la entidad.

"Santander es el principal beneficiario de la resolución del Banco Popular, y por ello es lógico que se les exija divulgar los documentos clave sobre su participación en la compra del Popular, la cual a su vez provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes", explica el socio director del bufete legal Quinn Emanuel, Richard East, quien considera "fundamental" el acceso a esta información para que los procesos legales en marcha, que no están dirigidos contra Santander, sean "justos, equitativos y transparentes".

El grupo de inversores mexicanos de Banco Popular que lidera Antonio del Valle, que registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad, comenzó este mismo procedimiento el pasado 6 de marzo, también ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.