Las infraestructuras españolas continúan en mínimos históricos. El número de licitaciones y contrataciones públicas en nuestro país sigue marcando los peores datos a pesar de que los indicadores crecieron en 2017, representan la tercera parte de los niveles alcanzados en 2007, una de las épocas más prosperas para el sector.

Durante el año pasado, la licitación pública ha crecido un 38%, lo que significa un total de 8.309 millones de euros, mientras que la contratación pública ha aumentado un 32%, hasta los 4.775 millones de euros.

En este contexto, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) señala que “a pesar de estos datos, la actividad concesional cae un 46%”. “Hemos tocado suelo”, ha abogado Julián Núñez, presidente de la patronal, ya que desde el sector se estima que existe un déficit de de 114.000 millones de euros.

Pero las perspectivas mejoran para este año y para el siguente. Núñez asegura que tanto 2018 como 2019 “serán dos años mejores que los últimos datos debido al mayor nivel de contratación que se espera”.

Según la Asociación, con el actual ritmo de inversión se “tardarían más de 136 años en poder construir las infraestructuras necesarias que necesita España”. Las consecuencias de no seguir invirtiendo, según Núñez será la de “la pérdida de competitividad, habrá una brecha inversora con las cuatro economías europeas, la reducción del bienestar social y habrá una pérdida de impulso económico debido a la menor actividad de la economía inducida”.

Inversiones urgentes

La patronal de empresas de infraestructuras recalca que son necesarias una serie de inversiones urgentes como es el caso del ciclo integral del agua, con un total de 12.000 millones de agua; en medio ambiente, con un montante de 6.522 millones de euros; en educación, 10.550 millones; en accesibilidad urbana; casi 40.000 millones; y, en transporte, un montante de 47.000 millones.

Por último, los datos agregados de empresas de Seopan, respecto a 2016, muestran un ligero aumento de la actividad nacional del 0,3%, lo que representa un total de 4.296 millones de euros. Este hecho se ha propiciado principalmente por la subida de la edificación residencial (41%) ya que la actividad en obra civil ha seguido cayendo. Asimismo, el empleo directo disminuye un 7,2%.

En este sentido, el presidente de Seopan ha incidido en la necesidad de que las instituciones públicas y las empresas del sector lleguen a un modelo público-privado ya que considera que “hay razones suficientes para pensar que es la mejor opción posible”.

Mantener el peaje de la AP-1

La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha propuesto al Ministerio de Fomento que la autopista AP-1 Burgos-Armiñón siga cobrando peaje una vez que el próximo 30 de noviembre concluya el actual contrato de concesión con Itínere, entre otros motivos, por el elevado tránsito de vehículos extranjeros que registra la vía.

La asociación estima que la autopista necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora, y que, posteriormente, su mantenimiento costaría unos 6,2 millones de euros al año al Estado que, además, dejaría de ingresar retornos fiscales de 23,1 millones.

"No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, estos importes para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó respecto a su petición de mantener el paje el presidente de la organización que agrupa a las seis grandes constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr), y a todas las concesionarias de autopistas.