El Banco de Santander, Caixabank y Bankia han decidido reclamar al Estado el dinero que pusieron para financiar las indemnizaciones por el cierre del almacén de gas Castor en 2014. En total, solicitan que les devuelvan 1.350 millones de euros, que es la cantidad que pusieron para financiar una operación que, ahora, el Constitucional considera inconstitucional.

Según fuentes jurídicas los tres bancos han decidido interponer una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador”. En ella se solicita que se les devuelva una cantidad que todavía no se ha recuperado, más los daños causados por ello.

El documento presentado explica que “la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general”. No sólo eso, es que además se justifica en la reclamación que, si no fuese así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

Las tres entidades ofrecen al Gobierno un acuerdo que le permita hacer frente a la devolución de manera flexible. El objetivo es que pueda evitar un grave impacto en las cuentas del Estado de los consumidores de gas. Santander, CaixaBank y Bankia han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelta de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el Real Decreto-ley 13/2014.

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Ese mismo Real Decreto-Ley es el que permitió el cierre del almacén de gas Castor en octubre de 2014. Una decisión que se adoptó después de que varios seísmos provocaran la alarma social en las zonas de Castellón y Tarragona. Así que, tras varios Estudios, se decidió liquidar el contrato con la empresa concesionaria a quien tuvo que indemnizar por la retirada de la concesión.

El Tribunal Constitucional (TC) anulaba el pasado diciembre  la indemnización de 1.350 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, el TC estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.