Esta semana se ha conocido el informe del grupo de expertos establecido para asesorar sobre el contenido de una futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Había mucha expectación sobre lo que este grupo pudiera decir, aunque sus propuestas hay que enmarcarlas en un amplio debate que se está produciendo sobre el futuro energético en el actual contexto de cambio climático. Así, este informe se suma a los presentados recientemente por Greenpeace y también al documento del Observatorio Crítico de la Energía. El Comité estaba constituido por 14 expertos, tres de los cuales emitieron votos particulares y se abstuvieron en la votación final.

La primera conclusión común que podemos sacar del conjunto de documentos sobre energía que se vienen conociendo últimamente es que el futuro energético español debe basarse en las energías renovables. Sobre esto ya no hay discusión entre los expertos, y supone un primer paso importante, ya que para avanzar hay que saber dónde se quiere llegar. En este caso el consenso de que la transición energética debe dirigirse hacia un modelo 100% renovable es total; las diferencias emergen sobre cómo debe realizarse ese proceso, y cuáles deben ser los objetivos a 2025 y 2030.

Sin embargo, la cuestión a día de hoy es que hay serias dudas de la voluntad del Gobierno para presentar una Ley contra el cambio climático en esta legislatura. En su última intervención ante el pleno del Congreso, el ministro álvaro Nadal advirtió de que no habría Ley hasta que la Unión Europea hubiera aprobado las suyas pero, en realidad, se trata de la última excusa del Gobierno para no cumplir con una promesa que hizo Rajoy en 2016 y que se sigue retrasando, generando con ello un profundo malestar en muchos colectivos de sectores muy diversos. Precisamente el informe del comité de expertos fue encargado para dotar de contenido a esa Ley, cuya elaboración ahora parece alejarse en el horizonte. En todo caso merece la pena profundizar en el documento.

El informe aborda en ocho capítulos sus distintas propuestas de política energética. Aunque todos son de interés, desde mi punto de vista lo más importante es el análisis de los escenarios que plantea, y sus propuestas en materia fiscal para abordar el cambio de modelo energético.

Muchas de las propuestas que realizan son compartidas, y suponen una profunda crítica a la actual política energética del Gobierno: cuestionan, por ejemplo, el “impuesto al sol” que ha frenado el desarrollo del autoconsumo eléctrico, y también ponen el solfa en el interés de las interconexiones con Francia impulsadas desde el Gobierno. También abogan por la reducción de la demanda final de energía, hace una apuesta clara por la electrificación del transporte y aborda la necesidad de una transición justa para aquellas comunidades afectadas por el cierre de alguna instalación. Hasta aquí los consensos, que por cierto, no son pequeños.

Veamos donde emergen las mayores discrepancias. En primer lugar el objetivo elegido de alcanzar un 27% de energías renovables está muy lejos del propuesto por el Parlamento Europeo, que apostaba por un 35%. Desde mi punto de vista, España es un país que debe ser muy ambicioso en cuanto a sus objetivos renovables, porque si alguna fuente de energía tenemos es sol y viento. Un objetivo poco ambicioso en energías renovables condiciona el resto de los escenarios, ya que al no cubrirse la demanda con renovables, deben entrar en juego otras fuentes de energía.

Ciertamente el comité de expertos es bastante explícito con el carbón, al que le da poco tiempo de vida en base a una futura subida del precio del CO2, pero no ocurre lo mismo con la energía nuclear, y seguramente sea el punto de mayor. Básicamente, sostiene que sin alargar la vida de las nucleares aumentarían las emisiones y se encarecería el precio de la energía, algo que otros informes recientes como los mencionados de Greenpeace o el Observatorio Crítico de la Energía desmienten.

Da la sensación que mientras en el largo plazo hay un amplio consenso sobre el futuro 100% renovable, sin embargo se quiere llevar el debate sobre el corto plazo a un: nuclear sí/nuclear no. En realidad este extremo sería pedir la sociedad que elija entre dos riesgos, ambos inaceptables, riesgo nuclear versus riesgo climático. Es aquí donde la discrepancia es más fuerte, ya que es posible abordar la necesaria transición energética prescindiendo también de la energía nuclear. Nadie dice que sea fácil, pero es técnicamente posible. Se trata de tener voluntad política para alcanzarlo.

Pero esa voluntad es la que falta por parte del Gobierno. No se atisba a corto plazo que, a pesar de las evidencias de que el cambio climático está aquí y azotando fuerte, vaya a poner sobre la mesa esa prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En todo caso el debate está en la sociedad, y el avance hacia un nuevo modelo energético es ya irreversible. La resistencia del Gobierno no podrá frenar ese cambio que ya está en marcha.

*Juan López de Uralde es diputado de Unidos Podemos en el Congreso por Alava/Araba y Co-portavoz Federal de EQUO.