El sábado se cumplieron dos meses desde que el 'superregulador' diera a conocer esta sanción, que no admitía recurso en la vía administrativa, pero sí la interposición de un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses tras la notificación.
Según han explicado a Europa Press fuentes financieras, las cuatro entidades afectadas han presentado este recurso contra la multa de la CNMC, que se deriva de una infracción muy grave a la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las mismas fuentes han defendido que la actuación de las entidades estaba justificada y que no existe precedente a esta multa en ningún país del entorno.
La mayor multa corresponde a CaixaBank, con 31,8 millones de euros, seguida por la de Santander (23,9 millones de euros), la de BBVA (19,8 millones de euros) y la de Sabadell (15,5 millones de euros).
La CNMC detalló en su momento que estos derivados eran utilizados como instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos ('project finance').
Las entidades se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado, según el regulador.
La investigación partía de la denuncia de una empresa dedicada a la promoción, construcción y explotación de parques de infraestructuras eólicas, cuyo nombre no fue detallado por la CNMC.
Lo que sí explicó fue que durante la investigación el regulador tuvo acceso a documentación aportada por otras 22 empresas en relación con 43 operaciones de derivados asociados a créditos sindicatos contratados entre 2006 y 2016 para 'project finance'.