Imagine el lector que, en los instantes en los que el árbitro reflexionaba sobre si pitar penalti al Real Madrid contra la Juventus durante el partido decisivo de los cuartos de final de la Champions, la UEFA se tomase la molestia de cambiar en el reglamento la definición de "penalti" para favorecer al equipo de sus amores. Básicamente, es lo que piensa hacer el Gobierno de Mariano Rajoy para que gane "su equipo" en la guerra del taxi.
Tras escuchar a todas las partes, el Tribunal Supremo comenzó ayer a reflexionar en una decisión fundamental para el taxi y para nuevos agentes como Cabify y Uber. Existe incertidumbre sobre el resultado. Se cuestiona el Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre de 2015, y la orden de Fomento que la desarrolló en diciembre del mismo año. Normas que para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) restringían la operativa de nuevos agentes.
Pero el Ministerio de Fomento y el Gobierno no van a arriesgarse a que la Justicia incline la balanza de ningún lado que no sea el del taxi y va a apoyar a los taxistas a cualquier precio. Fuentes próximas al caso confirmaron a EL ESPAÑOL que Fomento llevará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de este jueves un borrador de Real Decreto que, de salir adelante, de llegar al Consejo de Ministros del viernes y de ser aprobado, obligará al Alto Tribunal a torcer la mano.
¿Por qué las prisas en lanzar un Decreto Ley? Para un Gobierno que considera que es de "extraordinaria y urgente necesidad" apoyar a los taxistas, tiene toda la lógica. La CNMC había presentado su recurso amparándose en la Ley General de Unidad de Mercado, que permite recurrir cualquier norma inferior a una ley, como la Orden de Fomento. Si el Gobierno cree que puede perder en el Supremo, eleva esta norma a rango la ley para proteger su dictamen. Es una partida con los dados cargados en la que los taxistas cuentan con el respaldo de quien escribe las normas y las redacta a medida que caminan.
Todo para conservar la aprobación del taxi: un colectivo con un enorme poder político y de los pocos capaces de poner de acuerdo a partidos tan diferentes como Podemos y el PP.
¿Sucederá? Los taxistas están convencidos de que así será y que lograrán cimentar dos cosas: la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxis y la limitación a un 20% del número de servicios que hacen Uber o Cabify fuera de sus comunidades autónomas de origen.
Da igual que estos decretos sean contrarios a lo que se apunta desde Bruselas, a lo que opina la CNMC y que se aprueben de forma arbitraria las barreras defensivas exigidas por un sector económico contra otro y sin dejar al Supremo opciones de opinar.
Fuentes próximas a la CNMC confirmaron que si se culmina esta jugada, tendría que iniciarse un proceso de Competencia que implicaría una denuncia previa y un proceso que podría alargarse dos años.