El Gobierno aprueba el Decreto 'anti Uber' y se 'salta' al Supremo

El Gobierno ha optado por no arriesgar y proteger al sector del taxi frente a Uber. El consejo de ministros acaba de aprobar el Real Decreto en el que recoge las grandes reclamaciones del sector: mantener el ratio de una licencia de VTC (las que usan Uber y Cabify) por cada 30 de taxi. Y mantener que los vehículos VTC sólo puedan hacer el 20% de sus trayectos fuera de su Comunidad, es la llamada 'habitualidad'. 

Un decreto en el que, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL este viernes, busca acabar con un "conflicto que amaneza con tener consecuencias para los usuarios". A falta de conocer la redacción definitiva que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado, lo que parece claro es que -de este modo- el Gobierno elimina la posibilidad de que el Supremo pueda anular esos dos conceptos que son esenciales para el Taxi. 

El Gobierno justifica, además, la necesidad de publicar este Real Decreto en la necesidad de "homogeneizar" la legislación en torno a las VTC a nivel nacional, evitando así que Comunidades y Ayuntamientos puedan publicar reglamentos que invadan las competencias del Estado en materia de transportes. 

Las razones del Gobierno

Según el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, asegura que la intención del Ejecutivo es la de "garantizar una convivencia equilibrada entre el taxi y las VTC, y se ha hecho teniendo en cuenta el vacío legal que hubo entre la aprobación de la Ley Ómnibus en 2009 y la creación del ROTT en el año 2015 restableciendo las limitaciones. 

Lo hace la misma semana en la que el Tribunal Supremo ha llevado a cabo una vista, a instancias de la Comisión Nacional de Competencia, Uber y Cabify, para acabar con el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) y lograr así la completa liberalización del sector, algo que podría provocar la llegada de más de 30.000 licencias VTC a las calles de las ciudades españolas. Una sentencia sobre la que De la Serna ha eludido posicionarse ya que "estamos pendientes del fallo". 

Sólo en Cataluña, según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hay solicitadas 8.000. Y en el último año y medio. Y pendientes desde el año 2015, cuando se aprueba el ROTT hay -sumando las últimas- 16.000 licencias, lo que supone que ya hay más peticiones que taxis. En el caso de la provincia de Valencia, se han solicitado otras 321 desde 2017. Esto haría que el precio del traspaso se hundiera, haciendo perder la inversión realizada hasta el momento.

El nuevo Decreto contempla, además, la convocatoria del Comité Nacional de Transportes para estudiar medidas que permitan que el sector del taxi gane en competitividad. 

Las reacciones del sector

Un decreto que para Fedetaxi supone "arrinconar a Uber". Lo ha dicho su presidente, Miguel Ángel Leal, quien ha expresado su "apoyo a este instrumento legal que representa un gran paso adelante para poder poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social en la que se encuentra nuestro sector desde hace años". 

Una opinión que no comparten desde Elite Taxi. Su portavoz, Tito Álvarez, cree que el Gobierno "cierra la puerta" pero lo hace "con sus amigos inversores dentro", lo que provocará graves consecuencias para el sector. 

Mucho más críticos se han mostrado desde Uber. Un portavoz con el que ha contactado EL ESPAÑOL asegura que "este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa”. 

Recuerda, además, que según un estudio que efectuaron hace unos meses de la mano de AFI, "el monopolio del taxi supone un sobrecoste para el usuario de 4,9€ por trayecto medio y revierte en unas rentas monopolísticas extraordinarias de 20.537€ por licencia de taxi al año".