Cuando hace dos años Carmelo Ordóñez, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, adjudicaba a la sociedad Ciudad Real International Airport (CRIA), por 56 millones de euros, el aeródromo manchego, nadie supo muy bien a qué atenerse.

Habían sido varios cierres en falso de procesos de venta previos tras la entrada en concurso de acreedores de la sociedad promotora del aeropuerto, y los recelos resultaban lógicos.

No obstante, las cifras grandilocuentes del proyecto presentado por CRIA -con una inversión de 600 millones y 8.000 empleos en 10 años- propiciaron que un halo de esperanza se abriera en el horizonte. Dos años después, los peores presagios se han confirmado. CRIA se ha quedado sin aeropuerto.

"Comportamiento raro del fondo"

Tras salir de la notaría de Ciudad Real donde se iba a firmar la compra tras las múltiples prórrogas otorgadas por el juez, el responsable de CRIA, Rafael Gómez Arribas, comparecía ante los medios para reconocer que “no hemos podido comprar el aeropuerto. Habíamos quedado con el fondo Round Shield pero no han aparecido”, asumía resignado el empresario. El fondo debía aportar los 53,5 millones que faltaban.

En esa comparecencia, Gómez Arribas aludía  al “comportamiento raro” del fondo tras haber mantenido “un diálogo aceptable con ellos durante muchos meses”, aunque, al final, reconocía el empresario que “pudieran haber entendido que la rentabilidad no iba a ser la esperada y que no existían garantías suficientes para la obtención de las licencias”.

Iberia, el ladrillo y, ahora, el aeropuerto de Ciudad Real 

El septuagenario abogado e ingeniero que había iniciado su carrera profesional en Iberia, donde permaneció durante más de dos décadas, y que, a finales del pasado siglo, decidía que el ‘boom’ inmobiliario iba a ser un negocio del que quería participar, veía ahora, en el aeropuerto de Ciudad Real, un posible filón con el que rematar, por todo lo grande, su periplo empresarial. Al final, no ha podido ser.

Aunque durante estos dos años, tanto Gómez Arribas como sus socios en esta operación -los también ingenieros Pedro J. Escudero y Martín Gómez- se han afanado en salir al paso para desmentir las voces que criticaban la vacuidad del proyecto, lo cierto es que la cruda realidad ha venido a dar la razón a los críticos, al certificarse que ese fondo misterioso -ahora se ha sabido que se trataba de los británicos Round Shield Partners- no tenía intención alguna de meterse en este berenjenal.

Gómez Arribas y su testaferro inicial en CRIA

La opacidad de Gómez Arribas en esta historia se percibió desde el mismo momento de la adjudicación provisional del aeropuerto, en abril de 2016. El empresario decidía, inicialmente mantenerse fuera de foco, dejando que al frente de CRIA figurara, como socio único, Eduardo Martínez Pérez. Único procurador del despacho de abogados Martínez-Ferrando y Calvo, en Madrid.

En ese momento también se conocía que la sociedad adjudicataria del aeropuerto de Ciudad Real -que consignaba 1,87 millones en concepto de aval por el 5% de la oferta por el aeódromo- se había constituido en febrero de 2014 con un capital de 3.000 euros, y  tenía como dedicación principal el alquiler de vehículos con o sin conductor, incluidas las tareas de reparación y mantenimiento, lavado y engrase, así como la compraventa, importación y exportación de vehículos, componentes y accesorios.

Solo al presentar las cuentas correspondiente al ejercicio 2014, firmadas por Martínez Pérez, se añadía que, como otros cometidos de CRIA, también se incluía la explotación de infraestructuras en transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como la gestión de infraestructuras intermodales de transporte.

Gómez Arribas asomaba la cabeza en CRIA un mes después, en mayo de 2016, coincidiendo con el pago de 2,8 millones de euros por el aval equivalente al 5% del precio de adjudicación.

Serrano 38, sede de la mayoría de sociedades del empresario

En ese momento se autonombraba administrador único de la sociedad y cambiaba el domicilio social hasta las oficinas de la calle Serrano 38, donde el empresario tiene fijada la sede de la mayoría de las casi 30 sociedades que tiene bajo su control.

A partir de aquí, un sinfín de incumplimientos en los plazos fijados para el abono total de los 56 millones, que el juez Carmelo Ordóñez aceptaba sin mayores problemas, otorgando prórrogas y más prórrogas a CRIA.

Ultimátum del 19 de abril

La última la otorgaba el magistrado el pasado 2 de abril, fijando el día 19 como la fecha definitiva. O CRIA pagaba o se quedaba sin aeropuerto y sin los casi 7 millones de euros aportados, los 2,8 millones del 5% de la cuantía acordada en la adjudicación, las mejoras realizadas en el aeródromo y los cerca de 100.000 euros mensuales que debían abonar para el mantenimiento del mismo. El último incumplimiento se certificaba y la rescisión de la adjudicación judicial se consumaba.

Ante la posibilidad de que CRIA finalmente hubiera podido comprar el aeropuerto de Ciudad Real, Gómez Arribas ha movido los hilos durante estos dos años para obtener futuros beneficios del aeródromo. Lo hacía con la constitución de tres sociedades (Global Nehalem, Smia-HLA Technics y Don Quixote South International Airport), dedicadas, entre otras actividades, al mantenimiento de aeronaves y la explotación comercial aeroportuaria.

Moroso de la Agencia Tributaria

Entre las 27 sociedades que el empresario tiene inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, tres figuran, desde hace años, en el listado de morosos por tener deudas con la Agencia Tributaria. Así, según el último listado hecho público por el Ministerio de Hacienda en julio de 2017, Reformas de Pisos, Realizaciones de Piso Tienda y Promociones Urbitres acumulan deudas con el Fisco por un importe de casi 13 millones de euros.

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL en el Registro Mercantil, Gómez Arribas solo tiene depositadas al día las cuentas de una de estas sociedades, Inspección y Control de Calidad Ingenieros.

Los últimos depósitos registrales del resto de empresas corresponden, en la mayoría de los casos, al ejercicio 2007, coincidente con el estallido de la burbuja inmobiliaria, actividad a la que se dedicó Gómez Arriba, casi en exclusiva, durante una década.