Así consta en la documentación del 'Proyecto Noya', como se denominó el proceso de venta, a la que ha tenido acceso Europa Press. La adquisición de Popular, finalmente adjudicado a Santander tras la resolución, se ofreció a las principales entidades financieras de España, si bien Bankia solicitó más información de la que figuraba en el 'data room' organizado por JP Morgan.
En concreto, el banco que preside José Ignacio Gorigolzarri, que por aquel entonces se encontraba inmerso en la integración con Banco Mare Nostrum (BMN), mostró especial interés sobre la exposición al ladrillo de Popular, el estado de los procesos legales en marcha y los gastos del grupo.
En relación al ladrillo, Popular remitió a Bankia información más detallada sobre su cobertura de créditos dudosos y le indicó que un análisis "detallado" de sus garantías podría dar lugar a provisiones adicionales por importe de unos 771 millones de euros.
Además, le informó de que con provisiones de 931 millones de euros sobre sus créditos improductivos, la tasa de cobertura de estos alcanzaría el 56%, la más alta del sector.
En relación a los litigios, Bankia pidió documentación pormenorizada sobre el riesgo legal que suponían para Popular tanto las emisiones de 'bonos subordinados obligatoriamente convertibles' --un producto considerado complejo que se colocó entre algunos minoristas-- como los contratos hipotecarios con cláusula suelo.
Bankia también quiso conocer de forma más exhaustiva los gastos de personal y administración de Popular, así como el desglose y evolución de la plantilla del Grupo Popular --compuesta en abril de 2017 por 11.909 empleados-- y la de sus sociedades participadas, entre las que se encontraban WiZink, Targobank, Aliseda, Iberiacards y Euro Automatic Cash, que contaban con 2.346 trabajadores entre todas, por aquel entonces.
FUSIÓN ALTERNATIVA
En paralelo, la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press muestra que Popular, junto al despacho de abogados Uría Menéndez, diseñó una propuesta de estructura alternativa de adquisición de Popular, bautizada como 'Integración de dos entidades cotizadas con entrega de acciones y warrants' para acomodar diferencias de valoración', tal y como adelantó el diario digital 'Vozpópuli'.
Esta propuesta hubiese consistido en vender Popular por debajo de su precio y entregar a sus accionistas 'warrants' --un derivado financiero que otorga a su poseedor derecho a comprar un determinado activo-- que pudiesen convertirse en acciones del comprador en función de una serie de variables.
Según consta en la propuesta alternativa, estos 'warrants' podrían haber permitido a los accionistas de Popular recuperar hasta 3.900 millones de euros en función del valor que se otorgase a los activos adjudicados e improductivos de Popular y a los que se podría descontar un máximo de 1.300 millones de euros por litigios.
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