Nervios entre los trabajadores de Duro Felguera en Asturias. La policía judicial se ha presentado en las oficinas del parque científico de Gijón en busca de nueva documentación sobre la investigación que se lleva a cabo por presuntos sobornos al Gobierno de Venezuela.
Presencia policial que han confirmado distintas fuentes que, al mismo tiempo, explican que no es la primera vez que los agentes se personan en las instalaciones de la compañía. Se trata de actuaciones habituales en un proceso de investigación, y que tienen por objeto recabar nuevas informaciones tras los avances realizados por los agentes.
Unos registros que se producen el mismo día en el que el consejo de administración se encuentra reunido en Madrid, mientras se debate si debe o no acudir a una ampliación de capital.
Según el fiscal hay "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid del que eran clientes los políticos sobornados. Ahora la compañía asegura que puede "dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados", ya que se corresponden con la "ejecución de un muy importante contrato internacional".
Duro Felguera niega, en cambio, haber sobornado a miembros del chavismo y el gobierno de Venezuela.
Asegura que todo ese soporte documental con el que cuenta la compañía "ha permitido su justificación documental, su registro contable, incorporación a la contabilidad oficial y única de la compañía, etc".
Así mismo Duro Felguera sostiene en el Hecho Relevante remitido a la CNMV que "no hay conocimiento ni consentimiento de ninguna aplicación irregular o delictiva por parte de sus Agentes en Venezuela de los fondos con los que se les ha remunerado conforme a lo pactado".
Al parecer, los hechos que investiga la Fiscalía se circunscriben a un contrato suscrito entre Duro Felguera y Electricidad de Caracas para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Venezuela.
El escrito de la fiscalía detallaba cómo a través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) --también querelladas por estos delitos--, los responsables de Duro Felguera entregaron, al menos, 46 millones al que fuera miembro del Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, otro querellado, para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía.
Unos pagos que se efectuaron, explica la empresa, por "contratos de arrendamiento de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica".
Unos hechos que los servicios jurídicos de Duro Felguera derivan en que "no puede haber responsabilidad penal" de la empresa.
Duro Felguera considera que no existe responsabilidad
Como parte de la actuaciones derivadas de la querella de anticorrupción, la Policía judicial está realizando una inspección en la sede de Duro Felguera en Gijón para comprobar los hechos objeto de dicha querella. La sociedad, como ya manifestó públicamente a través de Hecho Relevante, considera que no existe responsabilidad por los hechos objeto de la investigación y siempre ha mostrado voluntad de colaborar en el marco de las diligencias abiertas.
A su vez, Duro Felguera recuerda, como consta en su informe de gestión auditado, que ha concluido una investigación realizada por un tercero independiente de la que no se puede concluir la existencia de responsabilidades derivadas de actuaciones ilícitas.