'Éramos pocos y parió la abuela'. El manido refrán viene como anillo al dedo por el nuevo huésped inesperado que se ha dejado caer por la Operación Chamartín. Nada menos que el empresario murciano Trinitario Casanova, al frente del Grupo Baraka, todo un experto en sacar provecho de proyectos enrevesados.

“Llevábamos seis meses negociando con Trinitario Casanova y hemos llegado a un acuerdo por el que hemos cedido los derechos de reversión sobre 1,2 millones de metros cuadrados por un precio de 400 millones, confiando en hacerlos efectivos una vez que Adif lleve a cabo la preceptiva desafección de dominio público de los terrenos”, explicaba a EL ESPAÑOL el asesor jurídico de la Asociación ‘No abuso’, Antonio Vázquez.

De momento, “Casanova ha aportado 1,2 millones a cuenta de quedarse en un futuro con los derechos. Si, al final, no se consigue la reversión, perderá el dinero aportado. Es una apuesta que hace y ya veremos qué pasa”, subraya el letrado. Para llegar a ese valor de 400 millones por los terrenos de los reversionistas, se ha valorado un precio unitario del metro cuadrado de 300 euros.

Como pez en el agua en asuntos urbanísticos complejos 

En estos asuntos urbanísticos complejos, Casanova se mueve como pez en el agua. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones. La última, hace un año. Entonces, tras renunciar el inversor chino Wang Jianlin, presidente del Grupo Wanda, a la compra del Edificio España, aparecía el empresario murciano, al frente del Grupo Baraka, como ‘ave fénix’ salvadora de la operación, y conseguía que el empresario asiático le otorgara una opción de compra en exclusiva por el emblemático rascacielos de la capital.

Dado el primer paso, pagando 20 millones de euros a Wang Jianlin, se trataba de buscar una cadena hotelera interesada en quedarse con el edificio. No costó mucho. El grupo mallorquín, RIU, que anhelaba contar con un inmueble representativo en la capital, accedía a comprar a Casanova el Edificio España.

Comisión de 3 millones en un abrir y cerrar de ojos 

Así, hace un año, todos los protagonistas de la historia se daban cita en una notaría de Madrid para cerrar el acuerdo.Trinitario entregaba a Wanda un cheque de 252 millones -los que restaban por abonar de los 272 pactados- y, acto seguido, recibía ese importe de manos de la hotelera RIU. ¿Qué ganaba Casanova? Una comisión de unos 3 millones de euros haciendo lo que mejor sabe hacer, ‘dar el pase’ a un activo en un abrir y cerrar de ojos.

Ahora, el empresario murciano quiere repetir la jugada en la complicada Operación Chamartín, el desarrollo urbanístico que lleva 25 años pendiente de acometerse para urbanizar 3 kilómetros al norte de la estación ferroviaria madrileña.

Casanova se juega 1,2 millones

Ha visto una posibilidad de sacar tajada a esta operación y, como hiciera con el Edificio España, ha vuelto a adelantar un dinero -esos 1,2 millones de euros- a riesgo de perderlos, con vistas a obtener, en unos meses, otra comisión de campanillas.

En esta ocasión, el asunto tiene un sinfín de aristas y múltiples protagonistas. Adif, el propietario de los terrenos, los promotores BBVA y Constructora San José, dispuestos a comprarlos, el Ayuntamiento de Madrid que debe otorgar el visto bueno al enésimo proyecto planteado y la Comunidad de Madrid que, en última instancia, debe ratificar el acuerdo municipal, si es que llega a producirse.

A partir de aquí, cada uno ve la historia de una manera completamente distinta, con la esperanza de que la balanza se incline de su lado. Todos los protagonistas llevan esperando dos décadas intentando arrimar el ascua a su sardina.

Distinta consideración a una sentencia del Supremo

Aunque en 2012 hubo una sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que, en ese momento, los reversionistas no tenían derecho sobre los terrenos a los herederos de los propietarios que fueron expropiados para hacer la estación, éstos han seguido agarrados a sus argumentos jurídicos, los que ahora ha hecho suyos Trinitario Casanova.

Venía a decir el Alto Tribunal que no procedía la reversión al no haberse acreditado la desafectación tácita de los terrenos. Y es precisamente este detalle el que, entienden los reversionistas, encierra la clave de todo.

“En algún momento, Adif, como titular de los mayoría de los terrenos, debe proceder a la desafección como dominio público del ámbito antes de que entre en el ámbito una máquina. Y seríamos los primeros en ejercer la reversión. Si no, iríamos a los tribunales”, alega Antonio Vázquez.

Desde BBVA aparentan tranquilidad

Desde Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad promotora encabezada por BBVA y en la que también está presente Constructora San José, se aferran como un clavo ardiendo a la sentencia del Supremo. “No existe preocupación alguna con este tema. No es una contingencia del proyecto y no representa riesgo alguno. Los tribunales ya se pronunciaron y no hay nada más que hablar”, señalan fuentes de la empresa controlada por la entidad financiera presidida por Francisco González.

Mientras, tanto reversionistas como DCN tienen la vista puesta en el Ayuntamiento de Madrid. “No tenemos porqué dudar de que, en esta ocasión, saldrá todo adelante y esperamos que en julio el Pleno municipal apruebe inicialmente el plan, que en septiembre u octubre, tras las alegaciones, lo haga de forma provisional, y que, a final de año, la Comunidad otorgue el visto bueno y podamos, a partir de entonces, solicitar licencias para urbanizar”, explican desde DCN la previsión de plazos que manejan.

Los reversionistas, encabezados por Casanova, también ansían ese momento para jugar sus cartas, las que se podrían sobre el tapete en el momento que Adif acometa la necesaria desafección como dominio público de los terrenos. La negociación entre BBVA y Casanova estaría servida y habrá que ver en qué términos se sustancia.