Bonistas del Popular dudan de la imparcialidad de Deloitte en la valoración final

Los accionistas y bonistas del Banco Popular empiezan a impacientarse por el retraso en la presentación del último informe sobre la venta de la entidad al Santander. Es la última valoración, que elabora también Deloitte, y que debe estimar si había una solución más favorable para los propietarios del banco. Sin embargo, algunos de los bonistas dudan de que sea la auditora la más adecuada para llevar a cabo esta valoración definitiva.

Así se lo han hecho saber por escrito a la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, un grupo de bonistas, entre los que están Pimco, Anchorage Capital o Algebris, entre otros. En concreto apuntan a que existe un claro “conflicto de intereses” por parte de Deloitte y, por tanto, consideran que la JUR debería haber escogido a otra compañía para elaborar la última valoración.

La misiva, enviada el pasado 9 de mayo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge también las respuestas de una carta remitida por König a otras preguntas realizadas por el bufete Quinn Emmanuel. Los letrados señalan que “es imposible para Deloitte hacer una valoración independiente”, y exponen algunos motivos. El primero de ellos es que ya ha realizado una primera estimación y, por tanto, “la única valoración de asegurar una evaluación independiente es que lo realice una nueva firma de análisis”.

El reglamento de la 'JUR'

Se basan para ello en el reglamento de la propia JUR y alegan que, pese a que König sostenga que la obligación de hacer distintas evaluaciones “no significa que sean diferentes auditoras, sino distintas metodologías”, esto no se ajusta a la realidad. Argumentan que los reglamentos, en su artículo 20, dejan claro que la JUR “debe asegurarse” de que la evaluación final se efectúe “libre de influencias externas, lo que deja como primer paso obvio que sean nuevas personas, que no tengan la tentación de racionalizar su valoración preliminar”.

Pero no sólo eso, es que para los bonistas Deloitte queda inhabilitada después de que se haya conocido que ha sido “contratada por el Santander para supervisar la integración entre ambas entidades”. Algo que las partes nunca han confirmado pero que para Quinn Emanuel supone -en caso de ser cierto- que la auditora “tenga todavía menos incentivos para cuestionar o cambiar de forma significativa su primera valoración”.

Una valoración, por cierto, que en la carta es tildada de “errónea” dados los “beneficios imprevistos” que ha obtenido el Santander desde que se hizo con el Banco Popular el pasado 7 de junio de 2016.

Apuntan también los abogados de los bonistas al pasado de Deloitte como auditora y su relación con el Santander. En primer lugar, porque fue la empresa que hizo la auditoría de las cuentas de la entidad de Ana Botín “durante varios años”.

Una tarea por la que que fue multada a principios de año por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) con un millón de euros. En concreto, por una “infracción grave” por incumplir el principio general de independencia, por lo que le impuso un millón de euros de sanción y la inhabilitación de auditar al Santander durante tres años.

Además, Quinn Emanuel explica a la JUR que Deloitte es objeto de una investigación judicial por la caída del Banco de Valencia, que se sigue en la Audiencia Nacional.

Lentitud en el informe 

En la carta también se critica la lentitud con la que se está elaborando el informe final. Un documento que, según König, llegará “tan pronto como sea posible”, pese a que han pasado once meses de la resolución y venta del Popular al Santander por un euro. En concreto, König, muestra en otra carta enviada a Quinn Emanuel su “confianza en que esté ya en la fase final” del proceso de evaluación.

Una respuesta “profundamente preocupante” para el despacho de abogados, dado que la obligación -señalan- de la JUR es la de “garantizar que el proceso se lleve a cabo cuanto antes”, por lo que no les cuadra que no haya una fecha para la publicación de la valoración.

Este último informe será determinante también a la hora de dirimir si, en efecto, el precio pagado por Santander por el Banco Popular se ajusta a la valoración real de la entidad. O si, por el contrario, había alguna otra posibilidad que hubiera tenido menores consecuencias para accionistas y bonistas. En caso de que fuera así, sería la JUR la que tendría que proceder a las indemnizaciones.