La madre y el tío de Dimas Gimeno reclaman en los tribunales lo contrario de lo que aceptaron ante el fisco

Donde dije digo, digo Dimas. Las demandas presentadas por María Antonia y Cesar Álvarez por el reparto de la herencia y la última voluntad de Isidoro Álvarez y contra sus herederas se enfrentan a un problema: y es que no sólo aceptaron el reparto y firmaron su correspondiente liquidación ante notario, sino que transmitieron a Hacienda esta información y la dieron por buena.

Asesorados en todo momento por el despacho de Uría Menéndez, la madre y el tío de Dimas Gimeno, del mismo modo que el presidente de El Corte Inglés, no tuvieron ningún problema durante los dos años en los que disfrutaron del legado plácidamente. Estos sólo aparecieron después de que el Consejo de Administración de El Corte Inglés decidiera, por unanimidad y con el voto de Dimas Gimeno, la retirada de sus poderes ejecutivos y el nombramiento de dos nuevos consejeros delegados, Victor del Pozo y Nuño de la Rosa.

A por las secretarias

César y María Antonia no sólo han demandado a sus sobrinas, herederas universales, sino también a los albaceas y a cuatro secretarias que fueron fieles a Isidoro Álvarez durante toda su vida en El Corte Ingles y en la Fundación y que tuvieron un reconocimiento económico en su testamento.

Concretamente, los hermanos Álvarez han demandado a los tres albaceas Ramón Hermosilla, Antonio Hernández Gil y Carlos Martínez Echavarría, hombres de absoluta confianza de Isidoro Álvarez. Y eso a pesar de que tanto ellos como Dimas Gimeno aceptaron y firmaron el reparto total del legado de Isidoro Álvarez estando de acuerdo con el mismo y sin poner objeción alguna.

Los hermanos de Isidoro Álvarez afirman en sus demandas que desconocían cómo se iba a hacer la partición y que fueron sorprendidos en su buena fe. Según fuentes próximas al proceso, César y María Antonia conocían perfectamente todo el procedimiento ya que los albaceas entregaron nada más morir Isidoro a los herederos y legatarios un dossier que incluía el testamento de Isidoro Álvarez y la carta del mismo, de 25 de agosto de 2014, en la que expresaba su voluntad de reducir de 10 a 5 millones el legado a favor de María Antonia para compensar otros bienes inmuebles que le había dejado en el testamento.

María Antonia aceptó inmediatamente la reducción del legado para respetar la voluntad de su hermano y así lo declaró a Hacienda, adjuntando incluso la carta del propio Isidoro Álvarez, como respaldo a su declaración.

Los albaceas y contadores partidores testamentarios contrataron los servicios profesionales del despacho Garrigues, mientras que los legatarios estuvieron asesorados por Uría Menéndez y las herederas, por el despacho King & Wood Mallesons.

Un largo proceso

La preparación de la partición fue un largo proceso que duró dos años, desde poco después de fallecer Isidoro Álvarez, en septiembre de 2014, hasta la partición en sí misma, en septiembre de 2016.

Dado el impacto tributario de la sucesión, especialmente para los legatarios en línea colateral (sus hermanos y su sobrino) y siendo los plazos de liquidación del impuesto de sucesiones relativamente cortos, los equipos legales de los albaceas, las herederas y los legatarios trabajaron conjuntamente para realizar las correspondientes declaraciones tributarias.

De hecho, los legatarios, ante la fuerte suma a la que tenían que hacer frente, negociaron con la Comunidad de Madrid un aplazamiento para cumplir con sus obligaciones.

En septiembre de 2015 se presentó la declaración del Impuesto de Sucesiones que efectuaron y firmaron los hermanos y el sobrino de Isidoro.

Reducción de capital en IASA

Todo apunta a que los legatarios eran conscientes y sabían que había que efectuar una reducción de capital de IASA para “sacar” de la sociedad los activos y sus participadas de los que Isidoro Álvarez había dispuesto en su testamento a favor de las herederas universales, Marta y Cristina, y a favor de los propios hermanos y de su sobrino. Así, la reducción de capital fue legal y ajustada a derecho según acordaron entonces los tres despachos legales y fiscales que asesoraron a las partes.

Los legatarios debían recibir parte de la sociedad cuando ésta era sólo tenedora de las acciones de El Corte Inglés, sin que los restantes bienes influyeran en la valoración de IASA. Ésa era la única manera de cumplir la voluntad de Isidoro Álvarez, que había dejado establecido el reparto accionarial que debía tener cada uno en la sociedad.

A pesar de que los Álvarez argumentan que no fueron convocados a la junta en la que se decidió esta medida y que se hizo a sus espaldas, en el cuaderno particional se explicaba el mecanismo de la reducción de capital de IASA y sus participadas como paso previo para ejecutar el testamento y cumplir todos los legados dictados por Isidoro Álvarez, aspectos que eran conocidos por las partes.

Antes de firmar ante notario y firmar el reparto final, se presentó la declaración de la partición y el testamento a la Administración Tributaria y todo fue aceptado en septiembre de 2016 por parte de Hacienda.

Una vez que todas las partes tenían el visto bueno de la Hacienda pública, se procedió a cerrar el proceso y a otorgar la escritura de partición. María Antonia y Cesar firmaron el cuaderno particional ante notario en presencia de sus asesores y abogados, que también aceptaron todo el proceso.

Según fuentes jurídicas del entorno de la compañía que preside Gimeno, “los legatarios presentaron sus correspondientes declaraciones tributarias asesorados por Uría Menéndez, por lo que no pueden alegar desconocimiento después de dos años, a la vez que omiten en sus demandas que firmaron ante notario el cuaderno particional, aceptándolo en todos sus términos y sin ninguna reserva, en septiembre de 2016. De hecho, los legatarios vienen disfrutando de todos los bienes que recibieron en dicho acto”.

Así las cosas, parece claro que las demandas no son valiosas tanto por el fundamento que tengan como por su intención de torcer la voluntad de los actuales gestores del coloso de la distribución y presionar para llegar a algún tipo de acuerdo económico por sus títulos en IASA, una solución que tiene larga tradición en El Corte Inglés ante este tipo de conflictos.