En su recurso de reforma, esta acusación particular explica que ambas cajas, hoy integradas en Bankia, comercializaron irregularmente un producto que "no podían vender a minoristas" con el objetivo de "obtener liquidez" a sabiendas de que "no iban a poder devolver el dinero dada la situación de quiebra y la falta de imaginación" para generar recursos propios.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, remite a la difícil tesitura en la que se encontraba el sector financiero en el momento de la emisión de las participaciones de Caja Madrid, 2009, año en el que "estaba en quiebra técnica, según los informes de los inspectores" cedidos a la causa por el Banco de España.

Al respecto, apunta que por entonces el propio organismo alertó acerca de la complejidad de las preferentes y de la escasa liquidez que aportaban a unas entidades faltas de recursos propios con los que "absorber las pérdidas inesperadas" y poco proclives a "comunicar su situación real".

De igual modo, alega que "el informe de la auditoría de Caja Madrid sobre la comercialización era falso, la información precontractual era verbal, la documentación se entregaba el mismo día de la compra", y denuncia que "las respuestas a las preguntas para saber la idoneidad o conveniencia aparecían marcados por la entidad".

Hechos que califica de "montaje precontractual" y que, asevera la asociación en el texto, abocaron al error a los usuarios, que "ni eran convenientes ni idóneos, ya que eran de perfil adverso y no moderado o dinámico, como aparecía en los resultados".

Acerca de éstos, señala que eran clientes "mayores que no entendían ni comprendían, únicamente adquirían el producto por la confianza depositada en la caja con la que llevaban trabajando toda la vida".

Unos motivos "suficientes" que trascenderían las "malas prácticas" y los "problemas de contabilidad" y que constituirían un "engaño" realizado "desde todas las sucursales del territorio nacional".

El pasado viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, acordó el archivo de las pesquisas a las antiguas cúpulas de Caja Madrid y Bancaja, asumiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, para la que no ha quedado acreditado que las preferentes se emitieran a fin de "engañar a los inversores de forma global".

En su informe, reproducido en el auto del magistrado, el Ministerio Público, señalaba que esta pieza separada del caso Bankia "se encuentra concluida, agotado el plazo máximo de instrucción y sin que se hayan practicado diligencias en el último año".

Al mismo tiempo, infería que de las pruebas practicadas, resulta "difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado" por las cajas para engañar a los inversores a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión, una posibilidad que "no era siquiera fácilmente predecible en 2009".

Las pesquisas por presunta estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y administración desleal se dirigían contra los antiguos máximos responsables de las entidades, lista en la que actualmente no figura quien fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, contra el que quedó extinguida cualquier tipo de responsabilidad tras su fallecimiento el pasado julio.