Según han informado fuentes jurídicas a EFE, el banquero estaba citado a declarar hoy a las 10:30 horas en la vista que se celebraba en el juzgado de primera instancia número 27 de Barcelona, situado en la Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pero no ha comparecido.

Fuentes de la parte demandante han explicado que Saracho alegó a la juez que no podía acudir al juicio, porque no encontraba medios de transporte disponibles para desplazarse a Barcelona ese día, y argumentó, además, lo costoso que le iba a resultar alojarse una noche en la capital catalana.

El expresidente del Banco Popular, según las mismas fuentes, mantuvo, asimismo, que su declaración como testigo en la vista señalada en Barcelona podría interferir en la causa penal que tiene abierta en la Audiencia Nacional.

Ante la incomparecencia del testigo, los demandantes han solicitado a la jueza que imponga al expresidente del Popular una multa, que podría oscilar entre los 180 y los 600 euros.

Saracho ya presentó un recurso ante la juez para que se le eximiera de declarar como testigo, argumentando que su defensa en el caso penal que instruye la Audiencia Nacional podría verse vulnerada.

Sin embargo, el pasado mes de abril la juez dio la razón al demandante, representado por el abogado Felipe Izquierdo, al sostener que Saracho "no puede ser relevado de comparecer", y descartaba la posibilidad de acordar una declaración por videoconferencia en tanto que en este tipo de procedimientos "suele ser habitual la exhibición" de documentos.

Pese a la incomparecencia de Saracho en la vista de hoy, la parte demandante ha querido seguir adelante con las conclusiones del caso en base a la documental, renunciando así a la suspensión de la vista y a la fijación de una nueva cita para que declarara el banquero.

No obstante, la jueza aún puede reclamarle que testifique, si lo considera oportuno, con una diligencia final antes de dictar sentencia.

La parte demandante considera que la documentación aportada prueba suficientemente que los responsables de la entidad ofrecieron, de forma intencionada, información inexacta sobre la situación financiera del Popular.

Uno de los documentos que acreditarían este hecho es el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio de 2017, un día antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada de la entidad.

En este acta, al que ha tenido acceso Efe, los integrantes del Consejo reconocen la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales, apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la resolución.