Con el parque nuclear a punto de cumplir los 40 años y las licencias de seis de las siete centrales activas en España a dos o tres años de caducar, el sector nuclear se agarra a su rol en la transición energética para reclamar la extensión de su vida útil. Pero, además, alertan de otra situación que hace necesario mantener las centrales activas otros diez años y plantear un apagón ordenado: el calendario de cierre es demasiado apretado y puede generar "cuellos de botella" a la hora de desmantelar las instalaciones.

Entre junio de 2020 y septiembre de 2021 vence la licencia de operación de Almaraz, Ascó, Cofrente y Vandellós II. A la de Trillo le queda hasta 2024. Aunque en España el periodo de funcionamiento de una central no tiene un plazo fijo establecido, el parque fue diseñado para estar en activo cuatro décadas. 

"Las centrales españolas entraron en operación en un periodo de funcionamiento muy corto, si se paran todas a los 40 años, el desmantelamiento se tendrá que hacer también en un período muy corto, lo que ocasionaría problemas de gestión de los residuos", afirma Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.

Desde la patronal del sector abogan por "extender la operación durante una década", para evitar el "cuello de botella" que se puede provocar al tener que desplazar los residuos más peligrosos (el combustible quemado) hacia un Almacén Temporal Centralizado que, hasta el momento, ni siquiera se ha construido. 

"Antes de 2032, por disponibilidad del ATC y optimización de los procesos, no podría pararse la primera unidad. Y de ahí, parar las demás unidades en períodos de dos años", sostiene Araluce, que subraya que en este debate sobre la extensión de la vida de las nucleares hay que incluir temas como la fiscalidad o la remuneración para asegurar que esos diez años extra la operación sea rentable. 

A falta de la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca), los residuos de las centrales nucleares se distribuyen actualmente en piscinas y contenedores temporales en las propias plantas.

El problema es que las piscinas, donde se enfría el combustible gastado, están a un 89% de su capacidad, según los datos de Enresa. Con el retraso del ATC, algo que para Araluce no es alarmante y ha ocurrido en otros países, las centrales se han visto obligadas a construir sus propios almacenes temporales individualizados para gestionar estos residuos peligrosos. Los menos peligrosos se envían a El Cabril, en Córdoba.

"No teniendo capacidad en las piscinas, habría que parar la operación", apunta Araluce. Ascó y Garoña tienen sus propios almacenes ya en funcionamiento, se está terminando el de Almaraz, y el de Cofrentes se empezará a construir en poco, añade.

Nucleares en el mix, pero con cambios necesarios

Desde Foro Nuclear insisten en que, siendo una tecnología no emisora de CO2, es "clave" en la transición energética. "Es esencial para cumplir los compromisos medioambientales. Sólo en España, las nucleares evitaron la emisión anual de cerca de 40 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera", asegura Araluce reconociendo que esta tecnología tiene otro problema, la peligrosidad de los residuos, pero no las emisiones. "La producción eléctrica nuclear ha supuesto en 2017 el 39,32% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España", agrega.

Eso sí, desde la patronal del sector nuclear (que agrupa, además de las eléctricas, a 55 empresas del sector, como las firmas de ingeniería y servicios nucleares y radiológicos), reclaman cambios para que las centrales operen sin pérdidas económicas.

"La continuidad a largo plazo, siempre con las garantías de seguridad como prioridad, tiene que venir acompañada de su viabilidad económica, reduciendo la alta carga impositiva y estableciendo mecanismos de mercado que ayuden a conseguirla", subraya el presidente de Foro Nuclear.

La patronal nuclear recuerda que, con la fiscalidad actual, un 40% de los ingresos se los comen los impuestos. "Unos 1.000 millones al año", aproximadamente, según Araluce. "Las empresas quieren mantener la centrales activas, pero con una operación viable", afirma. Iberdrola ha manifestado en diversas ocasiones que la operación no es rentable, frente a Endesa, que sí le salen las cuentas. 

"No se puede seguir perdiendo dinero año a año. O se cambian los mecanismos impositivos o se cambia la regulación de mercado. A nivel mundial, se están estableciendo otros mecanismos de remuneración además del mercado spot", señala Araluce. 

Necesaria hasta 2030 para contener precios y emisiones

El Gobierno quiere mantener la energía nuclear en el mix de generación durante la siguiente década. Para asegurarlo, en el último envite contra las eléctricas para endurecer las condiciones que permiten cerrar una planta de generación, ha incluido sanciones económicas millonarias para la empresa que no solicite la prórroga de la licencia.

Por otro lado, también trata de desincentivar el cierre de las nucleares con el impulso de otra norma que traslade los costos del desmantelamiento a las eléctricas, algo que por ley es competencia de la empresa pública Enresa y para lo que las empresas ya aportan una cuota.

"La responsabilidad es del Estado. Que ahora, por una cuestión económica de falta de fondos en la que nosotros hemos puesto nuestra parte, quieran que lo asuman las empresas no nos parece la mejor forma", ha respondido Araluce sobre este tema.

El fondo que acumula Enresa para pagar la gestión de residuos y el desmantelamiento de las plantas cuenta con unos 5.000 millones de euros, pero faltarían otros 3.000 millones para hacer frente a las labores que requiere desmanelar las siete centrales que hay operando en España si no se alarga su vida útil otra década. Un agujero que el Gobierno tiene que ver cómo tapa. Desde Foro Nuclear defienden que con diez años más de operación, no habría tal déficit.

También han defendido la necesidad de prorrogar la vida de las nucleares tanto el consejo de expertos en Transición Energética como Red Eléctrica. En su informe, publicado el mes pasado, el grupo de 'sabios' impulsado por el Gobierno señala que si las plantas se cierran al cumplir los 40 años, "con la actual rentabilidad del fondo que gestiona Enresa y la tasa que pagan las empresas titulares de las instalaciones, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos", una situación que no se produciría "simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años". 

El cierre de las nucleares elevaría un 20% sobre el precio del mercado eléctrico (entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año), sostiene el informe. Además, haría que las emisiones de CO2 del sector eléctrico se duplicarían; sin la nuclear, la cuota de renovables no incrementaría de forma significativa (del 29,7% al 30,6%); y exigiría invertir en potencia firme adicional ya que el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia en determinadas condiciones podría caer a 0,86, siendo el objetivo un 1,1.

Desde Red Eléctrica, en tanto, su presidente José Folgado ha señalado la necesidad de mantenerlas activas más allá de los 40 años si se quiere cumplir con las metas de reducción de emisiones que marca la Unión Europea para 2030. El parque nuclear tiene que continuar activo "bajo los criterios del Consejo de Seguridad Nuclear para alcanzar el 26% de reducción de emisiones comprometido por España", afirmó Folgado.