Las mismas fuentes indicaron que Álvarez apostó por su sobrino Dimas Gimeno para presidir el gigante de la distribución español porque consideraba que era la persona "más preparada para hacerlo". Por eso tuteló su formación y su carrera profesional desde el principio.

Además, incidieron en que la voluntad de Álvarez era que Gimeno ostentara también la presidencia de la Fundación Ramón Areces -que cuenta con un 37,39% del capital de El Corte Inglés- al igual que hicieran también sus predecesores, pero "lamentablemente le destituyeron".

En este sentido, destacaron la impecable gestión desarrollada por Gimeno durante los casi cuatro años que lleva al frente de los grandes almacenes, cuyas iniciativas, según indicaron, han sido reconocidas incluso por sus entidades financieras de referencia.

Así citaron las medidas laborales puestas en marcha, la refinanciación de la deuda, la especialización de los centros de Serrano o la implantación de los espacios gourmet, entre otros logros. "No se puede achacar nada a su gestión", incidieron.

Asimismo, las fuentes próximas a Gimeno dejaron claron que "lo que en ningún caso" era la voluntad de Isidoro Álvarez era que su hija, Marta Álvarez Guill, propietaria junto a su hermana Cristina del 69% de Cartera de Valores IASA (Isidoro Álvarez, S.A.), presidiera El Corte Inglés, al considerar que "no está cualificada para ello".

En este sentido, negaron que Gimeno pretenda segregar el 31% de la sociedad patrimonial, cuya titularidad corresponde al propio Gimeno, a su madre, María Antonia Álvarez, y a su tío César Álvarez como una posible salida a la guerra familiar que vive el segundo accionista de grandes almacenes, e insistieron en que "todo sigue abierto".

Según el entorno de Gimeno, el acoso e intento de derribo al que el directivo se está viendo sometido tiene que ver con el propósito de éste de arrojar luz a la gestión del grupo. "Se le han echado encima cuando ha levantado las alfombras", afirmaron.

Uno de los asuntos que podría haber avivado la enconada situación actual sería la auditoría encargada para analizar la actividad de seguridad llevada a cabo por los grandes almacenes.

Según las mismas fuentes, dicha auditoría, encargada a la consultora EY, debería haberse encomendado a una firma independiente -que no hubiera trabajado antes con la compañía- y especializada en forensic.