Según las fuentes, como continuación a los cambios que se produjeron en el consejo de administración de abril, cuando el número de vocales independientes pasó de 3 a 6, el máximo organismo de decisión de Sacyr aprobó seguir profundizando en materia de buen gobierno y diseñar una política global que incorpore las mejores practicas internacionales.
"Esa política se elaborará en los próximos meses sobre tres ejes: protección del interés societario, perfeccionamiento de los derechos y obligaciones de los consejeros y una nueva política de consejeros ejecutivos, en la que se incluye el plan de sucesión corporativo", han explicado las mimas fuentes, que han apuntado que este tipo de planes establecen los procesos para el cambio.
Por ahora se desconoce si dicho plan contemplará la creación en Sacyr de la figura de consejero delegado, una de las principales medidas puestas sobre la mesa por el accionista José Moreno Carretero, quien defenderá esta petición ante la Junta.
En mayo de 2017, Moreno Carretero elevó su participación en Sacyr, donde está a través de Beta Asociados, del 5 a casi el 15 -cerca del 5 % directamente y otro 10 % vía derivados- y pidió un "rebalanceo" basado en la proporcionalidad en la composición del órgano, donde mantiene un único representante.
Tras esta petición, el presidente ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique, dijo que el consejo de administración había acordado abrir una reflexión para adaptar su composición a los cambios en el accionariado, así como a las normas de buen gobierno corporativo.
Casi un año después optó por dar un mayor peso a los consejeros independientes, que han pasado de tres a seis, y mantener a Moreno Carretero con un único asiento tras decidir que sólo se tendrá en cuenta su participación directa en el capital de Sacyr.
Además, entre los puntos incluidos en el orden del día de la Junta de Sacyr del próximo 7 de junio se incluyó cambiar los estatutos para eliminar la obligación de que, al cumplir los 65 años (edad que cumplirá Manrique en 2019), los consejeros ejecutivos tengan que poner su cargo a disposición del consejo.
Beta Asociados consideró insuficientes estos cambios y propuso modificaciones adicionales para avanzar en el buen gobierno corporativo y asegurar un plan en la sucesión de Sacyr, medias que fueron rechazadas por el resto del consejo y por eso decidió elevarlas a la Junta, según sus asesores legales.
Entre esas modificaciones destaca que se cambien los estatutos para que cuando el presidente de la compañía cumpla 65 años, el cargo se desdoble entre los de presidente y consejero delegado (puesto que actualmente no existe en el grupo).
Además se propone que se incluyan cláusulas de reembolso en los contratos de los consejeros ejecutivos que cobren remuneraciones variables, que la Junta decida si las remuneraciones que cobran los consejeros en filiales deben ser pagadas a la compañía o a éstos, y que se hagan públicas las relaciones contractuales entre consejeros que pudiera condicionar su actuación.