España sigue atascada en el diseño de su transición energética. Pese al esfuerzo que han hecho los actores del sector por aportar su grano de arena al debate -empresas de energéticas, asociaciones medioambientales, think tanks, entre otros-, y contando incluso con el esperado informe del grupo de expertos que impulsó el Gobierno, nuestro país sigue sin definir una hoja de ruta clara y más ambiciosa que las intenciones actuales que le lleve a cumplir con los objetivos medioambientales comprometidos con la Unión Europea.

Para los expertos, España requiere un cambio de política energética y tiene afrontarlo sin perder más tiempo. Dejar de ser un espectador en medio de esta revolución que abordan ya los países vecinos: un compromiso decidido con las tecnologías renovables; la electrificación del transporte, la calefacción y la refrigeración -tres actividades con una alta emisión de gases contaminantes-; y, ante todo, devolver al consumidor su papel de ciudadano para que pueda tener un rol activo en el sector energético como generador sin ser castigado por ello.

Esas son las conclusiones que extraen del contexto energético actual José Blanco, eurodiputado y ponente de la directiva de energías renovables del Parlamento Europeo; Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier); José Luis García, responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace; y Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Los cuatro expertos han participado en el Foro de Debate sobre el Presente y Futuro de la Energía en España organizado por Anpier y EL ESPAÑOL para abordar los retos de la generación renovable y social en España.

Para Blanco, exministro de Fomento durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un país con alta dependencia energética como España debe acometer “una revolución energética que le enfoque hacia su autonomía ahora que el coste del desarrollo de las renovables no son una excusa”.

Para elevar su ambición ‘verde’, el país debe mejorar las interconexiones con Europa y, al tiempo, dar margen a sus ciudadanos para que sean parte del sector a través de la generación. “Es necesario que la energía autoproducida y consumida no tenga ningún tipo de cargo. Es más, si se vierte a la red, habrá que asumir un coste, pero también un beneficio”, defiende el eurodiputado. Blanco ha avanzado que en las mesas de diálogo europeas se ha logrado que, pese a las diferencias entre los distintos países, el Consejo Europeo acepte que el autoconsumo sea considerado un derecho de los ciudadanos y en que es necesario que la energía autoproducida y no consumida que se vierte a la red tenga una compensación en el mercado. Los mecanismos para materializar esta compensación "son todavía materia de debate", señala.

El autoconsumo es, según los cuatro expertos reunidos en este foro, una de las claves para que España no se quede a la cola en materia energética. “El ciudadano tiene que ser actor desde el consumo y la oferta, hay que abrirle la puerta”, defiende Castro-Gil, de Anpier. Y una de las claves es sacar del discurso la idea de que un ciudadano que quiere producir energía para autoabastecerse "lo que quiere es escaquearse de los costes", dice Ferrando, de la Fundación Renovables. "Es una explicación torticera para confundir sobre lo que realmente se persigue". "Un autoconsumidor no se niega a pagar por el uso de las infraestructuras, solo pide que los peajes sean transparentes".

La transición energética es “imparable y obligatoria” pero se frena por “obstáculos políticos”, añade García que aboga por eliminar estas barreras para lograr una mayor participación ciudadana. “En los países donde la sociedad tiene una participación significativa en la generación de renovables, la posición es más avanzada. En los países donde se ha marginado a la sociedad, el Gobierno no tiene problema en imponer posiciones más restrictivas”, agrega el representante de Greenpeace que pone como ejemplo de “mala política en España” el impuesto al sol.

“La regulación española pone puertas al futuro y nos pone a la cola en materia energética”, apunta Castro-Gil, que defiende que la entrada de los ciudadanos en la generación “hace que un país despegue”. “Se trata de que los ciudadanos podamos ser parte de esta transición energética en algo más que pagar las facturas a final de mes”. 

Pérdida de seguridad jurídica

Según los expertos, hay una cosa clara: la seguridad jurídica es clave para cumplir con los objetivos medioambientales que marca la Unión Europea para las siguientes décadas. “Tiene que haber certidumbre, unos planes nacionales con objetivos y plazos”, subraya el exministro socialista que asegura que, a nivel europeo, “estamos avanzando para evitar la retroactividad”. “No tiene sentido lo que está pasando en España, que no sabemos ni qué va a pasar con el carbón o las nucleares. El sector necesita certidumbre y debe ir acompañada de seguridad jurídica”, agrega.

En este sentido, Blanco pone como ejemplo el interés que han mostrado los fondos de inversión internacionales por invertir en España y entrar en proyectos ‘verdes’. Las condiciones climatológicas hacen de España un ‘paraíso’ para el desarrollo de renovables, sin embargo, los vaivenes normativos de los últimos años han desincentivado la entrada de inversores. Especialmente, los recortes a la retribución aplicados por el Gobierno en los últimos años, que han hecho que “España sea el país más inseguro para las inversiones energéticas del planeta”, apunta Castro-Gil, de Anpier, a colación de los 40 pleitos que tiene abiertos el Estado reclamando al Gobierno el dinero comprometido.

“Que el líder energético de nuestro país no sepa reaccionar es una desgracia enorme”, sostiene el secretario de Anpier en referencia a la postura del ministro Álvaro Nadal, que defiende que el dinero que se va a ganar en las próximas décadas gracias a estas medidas es superior al agujero de 7.000 millones que tendrá que pagar España si pierde todos los laudos.

Adicionalmente, los representantes de Fundación Renovables y Greenpeace recuerdan que la seguridad jurídica debe abarcar también al ciudadano. “La reforma bloqueó el acceso incipiente de los ciudadanos al sistema y su paso de consumidor a generador”, apunta García, de Greenpeace.

Bajo su punto de vista, se ha seguido una estrategia errónea que ha alejado a España de la tendencia mundial: “Se ha protegido a los grupos empresariales que dominan el sector” pero, la disrupción tecnológica y la tendencia mundial apuntan en otra dirección, hacia el consumidor,”y ya no podrán controlarlo todo”.

Necesaria revisión de la fiscalidad

Quien contamina, paga. Ese es el criterio que ha defendido el grupo de expertos en Transición Energética en su informe para proponer una reforma fiscal con objetivos medioambientales. El objetivo: internalizar los costes ambientales de cada producto energético y armonizar los impuestos que se aplican a nivel estatal y autonómico.

Blanco también defiende este criterio y afirma que “la tarifa eléctrica tiene elementos que hacen que los ciudadanos paguen más por la luz porque están asumiendo parte de esta descarbonización, pero hay sectores que no tienen ese impacto”.

¿En qué se traduce la propuesta de los ‘sabios’? En un nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2, aumentar los tributos que pagan los combustibles (un 28,6% para el gasóleo, un 5,8% para el gas natural y un 1,8% para la gasolina) y sacar del recibo de la luz los conceptos por los que actualmente pagan y no están relacionados con la generación de electricidad, algo que ha llevado a que la electricidad en España sea de las más caras de Europa. Sacando de la factura los alrededor de 10.800 millones asociados a políticas energéticas pasadas (desde primas a las renovables hasta el déficit tarifario o los costes de generación extrapeninsular), el recibo se abarataría un 6,8%. Para este fin también sería necesario elevar el IVA entre 1,1 y 1,3 puntos.

El eurodiputado matiza, sin embargo, que “no es que esto tenga que ser la salida, pero sí es un buen punto de reflexión”. “Todo el proceso de la descarbonización no puede caer sobre el sector eléctrico, es necesario revisar la fiscalidad para internalizar las emisiones”, agrega.

Para García, de Greenpeace, hace falta “un cambio de filosofía en la forma de estructurar la fiscalidad de la energía”. “Es necesario que se cargue el gravamen en función de su impacto ambiental”, sostiene. Le apoya Ferrando, de Fundación Renovables, ya que ven la fiscalidad no sólo como un elemento recaudatorio, sino como una herramienta para “cambiar hábitos de consumo y transformar la realidad”.

“Si incremento el impuesto a algo cuyo consumo busco que se reduzca, aunque tenga poca elasticidad, se logrará”, indica y agrega que desde la Fundación proponen un impuesto finalista de 5 céntimos por cada litro de carburante y de un euro por cada MWh generado con gas con el que se recaudarían alrededor de 3.500 millones, pero no con intención de engordar las arcas estatales, sino para dirigirlos directamente al desarrollo de planes concretos ligados al medioambiente: desde la rehabilitación de viviendas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

García añade que el déficit tarifario que desde 2013 pagan los consumidores a través de su recibo mensual no es más que “un invento, una posverdad”, un argumento esgrimido para justificar la protección gubernamental a las grandes empresas del sector y sus inversiones previas. “En la tarifa eléctrica se incorpora el coste del desarrollo de renovables que, en un 75%, deberían pagarse por el consumo de hidrocarburos”, apostilla Ferrando. “Es necesario aplicar un criterio de corresponsabilidad, sino el petróleo y el gas se van de rositas”.

Apuesta por la electrificación del transporte

Al año mueren alrededor de 400.000 personas en todo el mundo a consecuencia de la contaminación ambiental. Para poner freno a las emisiones es necesario abordar, con urgencia, la electrificación de tres sectores altamente contaminantes: el transporte, la calefacción y la refrigeración.

Los expertos se muestran muy críticos con la postura que se adopta desde el Gobierno español y el contraste con otros países del entorno. “Mientras en otros países europeos ves a las compañías hacer un despliegue de puntos de recarga eléctrica, aquí parece que esta tecnología no fuera con nosotros”, afirma Blanco. “Se está haciendo una apuesta exagerada por el vehículo de gas, no es comprensible, hay que tener una visión completamente distinta e ir hacia la electrificación”, opina.

Le apoya Ferrando, de Fundación Renovables, que tampoco entiende el criterio que rige para destinar la mayor parte de los fondos del plan Movalt -dotado de 50 millones este año para incentivar la movilidad alternativa-, se destinan a vehículos a gas. “Que me expliquen de qué es alternativa el gas”, cuestiona.