El empresario José Moreno Carretero ha pulsado el botón de 'guerra nuclear' en Sacyr. Lo ha hecho con una denuncia contra la constructora de la que es consejero y accionista por los últimos cambios en el reglamento del consejo de administración. A su juicio, le provocan una "gran incertidumbre e inseguridad jurídica". Todo esto ocurre a pocos días de que se celebre la junta de accionistas de la compañía que promete ser de alta tensión ya que está prevista para este jueves.
Las modificaciones que ha denunciado el empresario afectan a la compra o venta de acciones de Sacyr por parte de los consejeros. Según el nuevo reglamento aprobado por el consejo de administración necesitan "una autorización previa y discrecional" a cualquier operación que quieran llevar a cabo. Así consta en la denuncia del empresario quien tilda la medida de "ilegal y contraria a derecho" dado que supone una restricción a la libre operación de las acciones por parte de los administradores y "afecta a la transparencia y el buen gobierno de la compañía".
Con la denuncia, el empresario busca la anulación de una norma que afecta a los códigos de buen gobierno corporativo y que -además- "impide de facto que los consejeros de Sacyr puedan operar sobre sus acciones", explica en un comunicado.
Precisamente, esas operaciones con acciones por parte de los miembros del consejo son el 'quid' de la cuestión. Tanto Moreno Carretero como Demetrio Carceller han realizado en los últimos meses operaciones de compra de títulos de la constructora con el objetivo de reforzar sus posiciones. En el caso de este último, ha conseguido hacerse con el 16,1% de la compañía (desde el 13%) y busca llegar hasta el 20%, reforzando así su papel de primer accionista.
El mayor accionista
Ese trono de primer accionista es el que está en juego, dado que Moreno Carretero insiste en que cuenta con el 14,1% de los títulos. Sin embargo, desde Sacyr defienden que tan sólo tiene de forma directa el 5% y el resto en forma de derivados, algo que desde el entorno de Moreno Carretero descalifican porque consideran que esa operativa es habitual. Pero lo único claro que ahora en todo esto es que en la junta de accionistas votará con el 12,5% del capital.
El problema con ese 9% de Moreno carretero que baila es que está en manos de Citi, que tiene las acciones como 'garantía' del préstamo para su compra y se los cede al empresario en las juntas de accionistas o para el cobro de dividendos.
Al mismo tiempo, Moreno Carretero mantiene su inversión protegida con collars que blindan las acciones ante caídas acentuadas en Bolsa. Este argumento es, precisamente, el que utilizó Sacyr para no darle más representación en el consejo de la compañía en la última reforma que se hizo (precisamente a instancias del empresario) y que debe ser aprobado en la próxima junta de accionistas.
La reforma del consejo de administración es sólo la punta de lanza de las andanadas de Moreno Carretero contra el equipo de Manuel Manrique. Pese a todo, su entorno insiste una y otra vez en que no están en contra del presidente, cuya gestión -explican- está siendo positiva, pero se muestran convencidos de que Sacyr debe avanzar en la reforma del gobierno corporativo. No sólo en la mayor presencia de independientes (algo que ya se ha hecho), también con una serie de medidas que el empresario va a reclamar en la próxima junta.
En primer lugar, Carretero va a exigir la inclusión de cláusulas de reembolso en los contratos de los ejecutivos; un tope máximo anual en la remuneración de los consejeros; hacer pública la relación contractual entre éstos para que se conozcan los negocios que comparten y que -considera- pueden limitar las acciones de voto en algunos momentos; y la obligación de que las empresas de los consejeros estén al día en sus obligaciones legales y fiscales.
Se trata de unas medidas que Moreno Carretero ha solicitado incluir en el orden del día de la junta como reforma de los Estatutos Sociales pero que, según sus abogados, no han obtenido respuesta sobre si serán tenidas o no en cuenta. Ni siquiera, añaden fuentes cercanas, tienen idea de si va a poder explicarlas a los accionistas porque la empresa no le ha respondido.
Las retribuciones en Repsol
Otro punto polémico que Moreno Carretero quiere abordar es el de conseguir que la Junta de Accionistas obligue al presidente Manrique y al consejero José Manuel Loureda a prescindir de su salario como consejeros en Repsol. En concreto quiere que sean los accionistas los que decidan quién debe cobrar ese sueldo: o ellos o Sacyr. El empresario reclama también que esos ingresos figuren en el Informe anual de remuneraciones, algo que ya hizo constar por escrito en su rechazo a ese documento antes de presentarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ante estos movimientos de Moreno Carretero, cuyo entorno insiste una y otra vez en que no busca una guerra contra el presidente de la consuctora, la compañía sí que ha aceptado otra de las peticiones que había hecho: la puesta en marcha de un plan de sucesión para Manrique, aunque se desconoce por ahora si pondrán en marcha -o no- la contratación de un consejero delegado como reclama Carretero.
Desde Sacyr prefieren no hacer comentarios sobre las peticiones del empresario, se limitan a recordar que las deliberaciones de un consejo de administración no se pueden hacer públicas dado que son confidenciales. Fuentes cercanas al consejo recuerdan, además, que la compañía adopta las medidas que considera que son legalmente preceptivas, en alusión a las denuncias que ha hecho Moreno Carretero.
Los que se muestran sorprendidos son algunos accionistas minoritarios que no están en el consejo, que no acaban de entender que una cuestión tan importante como la del gobierno corporativo se trate de discutir públicamente en lugar de hacerlo en reuniones internas. Insisten, además, en que les llama la atención la escasa voluntad de las partes (tanto de Moreno Carretero como de Manuel Manrique) para intentar poner solución a un conflicto que sólo daña la imagen de Sacyr.