Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el sector energético y los ambientalistas tienen su atención puesta en la dirección que el nuevo Gobierno le dé a sus políticas en estos ámbitos.

Después de seis años de Gobierno ‘popular’ en el que se han desandado muchos avances en materia energética y de un último año y medio ‘nefasto’ en las relaciones con la cartera de Energía, como consideran muchos en el sector, los expertos coinciden en la necesidad de sacar adelante la prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en definir una estrategia que lleve hacia una economía descarbonizada para 2050 sin poner el riesgo la competitividad.

Para cumplir con esta misión, Sánchez ha apostado por poner al frente del nuevo Ministerio de Energía y Medio Ambiente a Teresa Ribera, actual coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE. El líder socialista dejó claro que uno de los ejes de su programa será, precisamente, el medio ambiente. En esta línea, la sustituta de Álvaro Nadal, tiene una larga trayectoria como experta en cambio climático.

Durante el debate de la moción de censura, el líder socialista señaló su intención de trabajar en los puntos sobre los que ya hay un elevado consenso en el Congreso, consciente de que la situación de su Gobierno no es la más fuerte para lanzarse con medidas disruptivas en según qué ámbitos.

Así, aunque el nuevo Ejecutivo y el próximo cabeza de Energía tendrán que lidiar con los muchos frentes que deja abiertos la anterior administración, los principales desafíos que abordarán en el corto y medio plazo serán, entre otros: poner en marcha la Ley de Cambio Climático; definir el calendario de cierre del carbón y el papel de la energía nuclear en las próximas décadas; impulsar las renovables y abolir el ‘impuesto al sol’.

Liderar la lucha contra el cambio climático

A dos años y medio de la Cumbre del Clima de París, España no tiene todavía la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prometió tener lista para este año para cumplir con los compromisos allí firmados. La redacción de la norma se atragantó entre el ministerio de Energía y el de Agricultura y Medio Ambiente que, respectivamente, pidieron un informe sobre los desafíos de la transición energética -publicado en abril-, y recibieron más de 300 aportaciones de diversos sectores en un proceso participativo.

Con esta ley se debe dar cumplimiento al Acuerdo de París: la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40% en 2030 respecto a las de 1990. En el caso de España, el Parlamento Europeo ha establecido una meta de reducción de emisiones vinculante del 26% frente a los niveles de 2005. Otro de los objetivos es llegar al menos a un 27% de penetración de las renovables, una meta que el Parlamento negocia para elevar al 35%.

Desde la Fundación Renovables han sido claros ante la llegada del nuevo presidente: esperan que en esta nueva etapa se avance “hacia el cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia tengan un papel protagonista”.

La fundación que preside Fernando Ferrando se muestra muy crítica con el camino recorrido desde 2013: “España no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta 2010 tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector, sino que ahora está a la cola de los países europeos que encabezan la lucha contra el cambio climático”, apuntan.

En este impulso de las renovables, desde el sector defienden la necesidad de fijar un marco retributivo razonable y predecible para las energías renovables de modo que se puedan financiar los proyectos a realizar para cumplir las metas medioambientales o repotenciar los existentes y, de paso, abaratar lo costes de capital en el mercado.

Pero antes de esta ley, cuyo borrador puede quedar en un cajón, el Ejecutivo tiene que presentar a Bruselas el Plan Nacional de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 antes de que acabe este año.

Abolir el ‘impuesto al sol’ 

Durante el debate de la moción de censura, Sánchez ya avanzó una de sus medidas: derogar el ‘impuesto al sol’. Lo puso como ejemplo de las medidas que han generado amplios consensos parlamentarios y que “merece la pena explorar”.

La medida a la que se refiere el líder socialista es la proposición de ley de medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico que se presentó a principios de 2017 con el apoyo de todos los partidos, menos el PP, para eliminar el peaje de respaldo que se cobra a estas instalaciones.

El fin de este impuesto es una de las medidas que con más clamor se piden desde el sector renovable, en concreto, desde el fotovoltaico. De hecho, defienden que el autoconsumo energético es clave para la transición energética y que es necesario dar a los ciudadanos un rol activo a través de la generación.

Desde la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie), ya han mostrado su optimismo hacia esta postura del nuevo Gobierno. Piden al Ejecutivo de Sánchez una regulación favorable al autoconsumo y que se materialice "lo antes posible". Además, esperan que "al igual que cuando el PSOE estaba en la oposición, se siga apostando por medidas que faciliten el acceso" al autoconsumo. 

El fin del carbón

Con la Unión Europea planteando un futuro sin carbón para 2050, el nuevo Gobierno tendrá que dejar de lado la ambigüedad en su posicionamiento y plantear un calendario de cierre de las centrales de carbón. Pero también tendrá que eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y establecer una mesa de negociación con sindicatos y patronal para hablar de la reconversión del sector y su papel en una economía baja en carbono.

Por el momento, en los dos próximos años se echará el cierre a aquellas minas de carbón que dependan de las ayudas públicas para subsistir y a las centrales que no hayan realizado las obras para reducir sus emisiones contaminantes, en línea con la normativa europea.

Hasta ahora, el Ministerio de Energía se había aferrado al carbón con el argumento de que sirve para contener los precios de la energía y que sin él, el recibo subiría alrededor de un 26%. Su posición le llevó a lanzar -por diferentes vías-, una norma que endurece las condiciones bajo las que una empresa puede cerrar una planta de generación de cualquier tipo. El último intento, una propuesta de ley que ya está en el Congreso, es uno de los temas que queda pendiente de resolución en esta nueva Legislatura.

Cierre de las nucleares

En la hoja de ruta de la transición energética, el Ejecutivo tendrá que abordar también si se alarga o no la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años que están a punto de cumplir seis de las siete centrales activas. El argumento principal para mantener la nuclear en el mix generador es que, no siendo una tecnología emisora de CO2, es necesaria para asegurar el suministro al tiempo que se desarrolla más potencia renovable. Energía también ha defendido su necesidad para mantener la factura de la luz a raya.

Entre junio de 2020 y septiembre de 2021 vence la licencia de operación de Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II. A la de Trillo le queda hasta 2024. La renovación hay que pedirla un año antes de que expire y las empresas propietarias están ajustando tiempos a la espera de que el Gobierno defina qué va a pasar con ellas en el futuro. Desde Foro Nuclear, la patronal del sector nuclear, advierten de que es necesario prorrogar la vida de estas plantas una década más con el fin de planificar su cierre de forma escalonada. La razón principal es hacer sostenible la gestión del desmantelamiento y de los residuos.

Aunque con algunos puntos de fricción por los tiempos, se espera que Sánchez también logre consenso en este tema. Eso sí, desde el sector nuclear no quieren que las cosas sigan tal cual están. Si tienen que seguir funcionando, es necesario revisar la fiscalidad que soportan y estudiar mecanismos de mercado para su retribución que aseguren que la operación sea rentable, defienden desde Foro Nuclear.

Pero el sector nuclear tiene otra arista importante: la gestión de los residuos. Queda pendiente elaborar un nuevo plan nacional de residuos -en sustitución del aprobado en 2006- y definir si se sigue adelante o no con la construcción del Almacén Temporal Central (ATC) de Villar de Cañas, un proyecto paralizado en tribunales.

Otros puntos calientes

Además de estos temas, el Ejecutivo de Sánchez deberá plantearse si realiza una nueva reforma del mercado eléctrico y modifica la fiscalidad para adaptarse al principio de ‘quien contamina, paga’, como proponía el informe del grupo de ‘sabios’ de la Transición Energética.

En esta reforma fiscal los expertos proponen, por un lado, crear un impuesto sobre la emisión de CO2 y aumentar los tributos que ya cargan el uso del diésel, la gasolina y el gas natural; por otro, eliminar del recibo de la luz los conceptos que no tienen relación directa con la generación de electricidad y que hacen frente los consumidores, trasladándolos a los Presupuestos Generales.

Otros temas que se deberán abordar es si se sigue adelante con la reforma de la Ley de Biodiversidad, que impulsó el PP y que actualmente está en el Senado. Su objetivo es plantear excepciones respecto a algunas especies invasoras y planificar la gestión de ecosistemas y especies. Además, será necesario plantear una gestión del agua adaptada a este escenario de cambio climático, sostienen los expertos.

Combatir la contaminación por plásticos es otra de las aristas que en los últimos meses se abordan desde la Unión Europea con las directivas de gestión de residuos plásticos que prohibirán la comercialización de productos de un solo uso -como cubiertos, platos o bolsas-, con este material. Se trata de medidas orientadas hacia una economía circular y para elevar las tasas de reciclaje.