En su primer día como nueva ministra de Energía, Teresa Ribera ha recibido el aval de los grupos ecologistas y señales positivas desde el sector energético. El sentimiento general es que ahora todos reman en el mismo sentido: la lucha contra el cambio climático y el impulso de una transformación de la economía alineada con los objetivos medioambientales marcados en la Cumbre de París.

Aún así, cuando Ribera se siente en el Ministerio verá que tiene sobre la mesa muchos frentes abiertos y, como principal tarea, llevar a buen puerto la prometida Ley de de Cambio Climático y Transición Energética. Esta misión y la ejecución de las demás medidas del programa con que Sánchez se presentó a las últimas elecciones serán lo que finalmente marque el tono de las relaciones de una ministra que, por el momento, cuenta con el apoyo de todos -al menos en espíritu- para poner a España entre los países que lideran la transición energética.

En su programa, el PSOE de Sánchez defiende la necesidad de trazar una hoja de ruta para la transformación del modelo energético. Esto pasa por definir una política energética de largo alcance -con un pacto de Estado-, que asegure energía a precios asequibles y haga del sector energético “factor de competitividad y motor de innovación, desarrollo y empleo”. La meta, reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles, un talón de Aquiles para España; reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética, en línea con los objetivos que ha marcado la Unión Europea.

Los ejes principales en los que basa su política energética son las energías renovables, la eficiencia y la electrificación equilibrada de todo el territorio. Pero también ve necesario reducir la presencia de combustibles fósiles, restringir las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibir la fractura hidráulica (fracking).

Fiscalidad ambiental

Hasta ahí el plano general. En lo concreto, el PSOE habla de impulsar una reforma de la fiscalidad ambiental que acarrearía la creación de cinco nuevos tributos: un impuesto sobre las emisiones de CO2, que se aplicará sobre las toneladas de CO2 emitidas y discriminará entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones y las que no; un impuesto sobre los óxidos nitrosos; un impuesto sobre las emisiones de vehículos de motor, basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo y que fusionará los actuales impuestos a la matriculación y circulación; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; y, por último, un impuestos sobre residuos de envases, embalajes y bolsas.

Además, el PSOE de Sánchez abogaba por reformar los tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales: el impuesto especial sobre hidrocarburos; el impuesto especial sobre la electricidad; y el canon de vertidos.

Además, consideran que España “no ha explorado” todas las posibilidades jurídicas para recuperar “determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico”, ni cómo evitar “posibles sobre retribuciones” de las actividades del sector eléctrico.

Por otro lado, defienden la necesidad de una “profunda reforma” del mercado eléctrico ya que consideran que ni protege al consumidor ni da al mercado las señales adecuadas para incentivar la inversión. En este sentido y en línea con su apuesta por las renovables, proponen “un marco retributivo que asegure un retorno a largo plazo de la inversión que el mercado no proporciona”.

Defensa del autoconsumo

La política energética del PSOE incluye también la apuesta por “mejorar la competencia real entre los operadores que intervienen en el sector eléctrico y desplazar el centro de gravedad desde las grandes empresas suministradoras hacia los consumidores”. Es decir, dar a los ciudadanos “un papel mucho más activo tanto en la gestión de su consumo como en la generación de su energía”.

En un país como España, que dispone “del mejor recurso solar” de Europa, el PSOE ve necesario “eliminar las trabas al desarrollo del autoconsumo energético, incluido el denominado ‘impuesto al sol’”.

El PSOE contó con el apoyo del grupo parlamentario Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, del grupo parlamentario vasco y de las ocho formaciones representadas en el grupo mixto -PDeCAT, Compromís, Bildu, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias-, para reactivar hace un mes la proposición de ley que busca fomentar el autoconsumo eléctrico. Esta proposición quedó pendiente de respuesta por parte del anterior Gobierno y será una de las iniciativas a recuperar en las próximas semanas.

El fin de este impuesto es una de las medidas que con más clamor se piden desde el sector renovable, en concreto, desde el fotovoltaico. De hecho, defienden que el autoconsumo energético es clave para la transición energética y que es necesario dar a los ciudadanos un rol activo a través de la generación.

Juantxo López de Uralde, diputado del grupo parlamentario Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea y coportavoz de Equo, ha valorado “positivamente el giro político que supone tener un Ministerio de Cambio Climático y Transición Energética”, como se espera que se llame definitivamente la cartera que encabezará Ribera. Aún así, ha recordado que se mantendrán “vigilantes” para que sea esta lucha contra el cambio climático y no “el oligopolio energético” quien marque el ritmo de la política energética.

López de Uralde destaca su “trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático”, aunque también da un tirón de orejas a la nueva ministra “por algunas decisiones cuestionables, como fue el caso de Castor”. En sus años como secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011) topó con el que más tarde sería el borrón en su carrera en la Administración. En 2009 firmó la declaración de impacto ambiental que autorizó el polémico proyecto de almacén de gas Castor, un proyecto que al empezar a funcionar ocasionó más de un centenar de movimientos sísmicos cerca de la costa de Castellón. Esto hizo que la operación se detuviera y que Escal (participada por ACS y la canadiense CLP) devolviera la concesión al Estado con 1.350 millones a cargo de las arcas públicas en concepto de indemnización. Este caso acabó en los juzgados de Vinaroz y Ribera acusada por la Fiscalía de Castellón por presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente.

Posición ante las nucleares

En la hoja de ruta de la transición energética, la cartera de Ribera tendrá que abordar también si se alarga o no la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años que están a punto de cumplir seis de las siete centrales activas.

Desde el sector nuclear defienden que es una tecnología fundamental para tener éxito en el cumplimiento de los objetivos medioambientales: no siendo una tecnología emisora de CO2, es necesaria para asegurar el suministro al tiempo que se desarrolla más potencia renovable.

Entre junio de 2020 y septiembre de 2021 vence la licencia de operación de Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II. A la de Trillo le queda hasta 2024. La renovación hay que pedirla un año antes de que expire y las empresas propietarias están ajustando tiempos a la espera de que el Gobierno defina qué va a pasar con ellas en el futuro.

El punto de fricción con el sector energético puede llegar por la manifiesta postura del PSOE a favor de cerrar las plantas una vez cumplan los 40 años. “Implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida que culminará en 2028”, recoge el programa socialista. Cerrar todo el parque nuclear en un período de ocho años puede suponer un problema para la gestión de los residuos -teniendo en cuenta que el almacén donde deberían ir ni siquiera ha empezado a construirse-, y para la financiación del desmantelamiento.

Desde Foro Nuclear, la patronal del sector, advierten de que es necesario prorrogar la vida de estas plantas una década más con el fin de planificar su cierre de forma escalonada a partir de 2032. Sólo así ven posible hacer sostenible la gestión del desmantelamiento y de los residuos.

En cuanto a la gestión de los residuos, otra arista importante en este tema, queda pendiente elaborar un nuevo plan nacional de residuos -en sustitución del aprobado en 2006- y definir si se sigue adelante o no con la construcción del Almacén Temporal Central (ATC) de Villar de Cañas, un proyecto paralizado en tribunales. El PSOE ve necesario revisar la instalación de este ATC. Aún así, desde su programa, se comprometían a tomar todas las decisiones que afecten a la energía nuclear teniendo en cuenta los “criterios técnicos y la seguridad”.