Así lo indicó el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, quien, no obstante, aseguró que será una comisión que se constituirá en los próximos días la que se encargue de determinar el coste de rescindir el contrato tras la sentencia del Supremo que lo anula.

"El Govern tendrá que tener este dinero. Damos cumplimiento a un compromiso político y de la Generalitat", ha explicado Calvet en declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press.

A partir de ahora, la Generalitat abordará la fase de liquidación del contrato con Acciona, que durará unos meses y, en paralelo, se irá conformando la ATLL pública, que se estima que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2019.

El conseller ha ratificado que, tal como ya ha asegurado Acciona, esta compañía seguirá prestando el servicio en estos meses de transición.

En cuanto al servicio posterior, ha indicado que el Govern tiene la voluntad de que el precio que se pague por el agua sea "razonable" y de acuerdo con la obtención de este recurso.

Calvet realiza estas declaraciones después de que Acciona indicara hace unas semanas, con ocasión de su junta de accionistas, que no tenía información de la Generalitat sobre la reversión del contrato de la ATLL.

El presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, aseguró que la Administración catalana no les había notificado cómo pensaba ejecutar la sentencia del Supremo que anula el contrato.

Por ello, y dada también la complejidad del proceso, la compañía da por sentado que la reversión de ATLL a la Generalitat de Cataluña ya no tenga lugar dentro del actual ejercicio sino que, en su caso, se produzca en 2019.

No obstante, Acciona coincide con la Generalitat en la cifra que le corresponde recibir por la rescisión de este contrato, que se adjudicó en consorcio en 2012 y que, tras un proceso judicial de varios años, una sentencia del Supremo anuló definitivamente el pasado mes de febrero.