La inversión en el despliegue y las licencias de 5G es un asunto que preocupa, y mucho, a las operadoras de telecomunicaciones en España. La Comisión Europea estima que la implantación de esta nueva tecnología de banda ancha móvil ultrarrápida costará entre 500.000 y 600.000 millones de euros a todo el sector privado.

En España ya se ha activado la primera subasta de 3,6 a 3,8 GHz, el pistoletazo oficial de salida para un proceso en el que, de momento, todo son incertidumbres. En privado, las ‘telecos’ piden al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que no paralice el proceso de implantación y que se den fechas concretas para los próximos concursos, al tiempo que solicitan que toda la inversión se haga acompasada con el despliegue comercial del 5G.

Las ‘telecos’ advierten de que todavía les queda mucho despliegue por hacer en fibra óptica y en 4G, por lo que si se acelera la inversión de 5G deberán soportar un triple peso en sus cuentas. En este contexto, las mismas operadoras han planteado la posibilidad de que el elevado coste del despliegue pueda ser cubierto en régimen de coinversión y que se hagan despliegues y desarrollos en conjunto para abaratar estos gastos.

Solo coinversión en la fibra óptica

Bruselas entiende el régimen de coinversión como la cooperación entre empresas

rivales en estos proyectos. Se puede conseguir reduciendo la regulación en caso de que operadores rivales inviertan conjuntamente en proyectos de muy alta capacidad y facilitando a los operadores más pequeños la participación en proyectos de inversión con ventajas de todo tipo, incluyendo ayudas. 

No obstante, la Unión Europea cierra -de momento- esta posibilidad. Así lo ha confirmado la eurodiputada Pilar del Castillo, que este lunes indicó que la coinversión está solo contemplada para el desarrollo de fibra óptica en el marco de la nueva normativa para acelerar el desarrollo de la Agenda Digital europea.

España es el país con mayor despliegue de fibra en la Unión Europea y podría tener 100% de cobertura en 2020, unos 6,7 millones de hogares conectados según los últimos datos de la CNMC. Unas cifras que pueden hacer suponer que no hay demasiada necesidad en nuestro país por hacer uso de esta coinversión en fibra ya que todo este camino ya se ha recorrido.

Pese a ello, Pilar del Castillo cree que todavía queda mucho camino, en especial en el despliegue de fibra óptica en zonas rurales. Con todo, indicó que hasta el momento la Unión Europea no contempla el tema del 5G en régimen de coinversión.

"Acompasar los tiempos"

Respecto de las operadoras españolas, el último en referirse  fue el presidente ejecutivo de Telefónica José María Álvarez-Pallete. En la Junta General de Accionistas del viernes pasado indicó que la tarea del Gobierno y de Europa es acompasar los tiempos de las futuras subastas 5G con la disponibilidad de los terminales y el despliegue comercial real de la nueva tecnología.

“Sabemos lo que pasó en el UMTS y no queremos que se vuelva a repetir”. Pallete se refería a que estas licencias se adjudicaron a comienzos de la década del 2000 y solo pudieron desplegarse a partir de 2007 con el nacimiento de los primeros smartphones.  El presidente de Telefónica se mostró convencido de que no puede haber despliegue comercial “antes del año 2020”.

Banda de 700 MHz

En este sentido, la UE ha aprobado una normativa para que el pago de las licencias vaya en paralelo a la disponibilidad al uso del espectro. Hasta que no se libere el uso no se pagará, lo que se podrían traducir en que las operadoras se adjudiquen licencias, pero finalmente solo paguen por ellas cuando puedan comercializar los servicios asociados a este nuevo espectro.

En cualquier caso, antes las ‘telecos’ deberán comprar las licencias que realmente permitirán el despliegue comercial, las de 700 MHz, un espectro que todavía está ocupado por las televisiones en TDT. A finales del mes de junio el nuevo Gobierno deberá entregar su hoja de ruta para garantizar el despliegue y la liberación de estas frecuencias. En junio de 2020 este espacio ya debe estar disponible para las operadoras de telecomunicaciones, según lo ha definido la Unión Europea.