ACS y GIP salen del consejo de Saeta tras la venta a Brookfield

Brookfield ha entrado en el consejo de administración de Saeta Yield, donde ha nombrado cuatro consejeros en sustitución de los vocales de ACS y GIP, que han dejado sus puestos tras vender sus participaciones mayoritarias en la compañía de instalaciones de energías renovables en el marco de la OPA que lanzó el fondo canadiense.

El relevo en el máximo órgano de gestión de Saeta se registra una semana después de que concluyera la oferta con la que el fondo se ha hecho con el 95,28% de la firma de renovables.

Durante una reunión del consejo de administración celebrada este jueves "telemáticamente" han renunciado así al sillón de consejeros los cuatro vocales de Saeta con carácter dominical, esto es, todos salvo el presidente ejecutivo, José Luis Martínez Dalmau, y los tres independientes.

Nuevos consejeros

Estas plazas han quedado cubiertas por cuatro consejeros nombrados por Brookfield. Se trata del principal ejecutivo de su negocio de renovables, Tom O'Brien, y su máximo dirigente de infraestructuras en el mercado ibérico, Alfredo Zamarriego, además de Connor Teskey y Emmanuelle Rouchel.

Brookfield entra en el consejo de Saeta en tanto tiene activado el procedimiento de venta forzosa con el fin de lograr las acciones de la compañía de instalaciones de energía 'verde' que no se sumaron a la OPA.

El objetivo del fondo es hacerse con el 100% de la compañía y excluirla de cotización en Bolsa, con el fin de convertir la empresa en su "plataforma" para su crecer en este negocio en el continente.

Cartera de parques eólicos

En cuanto a ACS, tras vender la participación del 24,1% que tenía en Saeta y dejar ahora el consejo, sale definitivamente de la compañía que fundó hace cuatro años para segregar todos sus activos de renovables y que en 2015 sacó Bolsa como primer 'yield' que cotizó en Europa.

Saeta cuenta y explota una cartera de parques eólicos y plantas termosolares que suman de 1.028 megavatios (MW). La firma, que emprendió pasado año su internacionalización con la compra de activos en Uruguay y Portugal, soporta un endeudamiento neto de 1.424 millones de euros, equivalente a 5,5 veces su Ebitda.