Con una mano tendida y otra en la retaguardia. En estas condiciones está Cabify, que este viernes acude al acto de conciliación con Podemos después de demandar al grupo político por las "falsedades" manifestadas por varios de sus dirigentes y que considera que han afectado a su honor.
El responsable de Cabify en Europa, Mariano Silveyra, ha asegurado que "sigue queriendo dialogar con todos los partidos políticos para que conozcan verdaderamente la estructura fiscal de la startup".
Cabify, en un intento de lavar su imagen, asegura que ha evaluado los riesgos que conlleva enjuiciarse con Podemos. “En la demanda se ha medido el riesgo debido al ruido mediático que provocan, pero velamos por nuestros intereses. No nos gusta meternos en batallas porque perdemos tiempo, recursos y nos desgasta”, ha subrayado el ejecutivo en una rueda de prensa convocada antes de su cita en los Juzgados de Plaza Castilla.
Silveyra ha reiterado que su empresa tributa en España. “Cabify es una sociedad española y tributamos el IVA y el Impuesto de Sociedades, así como el IRPF de los trabajadores que trabajan en nuestra compañía”, ha asegurado. Asimismo, ha reconocido que tener su sede fiscal en Estados Unidos se debe principalmente a "que sus inversores radican principalmente en este país", por lo que "ellos necesitan cercanía".
¿Adiós de Cabify?
El máximo responsable de Cabify también ha analizado el futuro del sector, sobre todo la nueva pretensión de los taxistas tras lograr la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi: la licencia municipal, algo que está a punto de aprobarse en Barcelona y que, en Madrid, también se quiere implantar en los próximos meses (el Ayuntamiento, de hecho, va a comunicar en las próximas semanas a Fomento que le permita regular este tema).
Esas nuevas regulaciones hacen el futuro oscurísimo" para la empresa, dice Silveyra. "Sería el adiós de Cabify en España", ha indicado.
Barcelona va camino de convertirse en la primera ciudad en poner la primera licencia urbana para las licencias VTC, haciéndose eco de las reclamaciones del sector del taxi. La próxima semana está previsto dar el visto bueno final a una norma que como adelantó EL ESPAÑOL, pretende buscar "la sostenibilidad económica y ambiental de las ciudades", garantizando así el estricto cumplimiento de la ratio 1/30 que fija la norma estatal.
"Nosotros vemos fenomenal la idea de la proporción 1 a 30, pero es impensable dar la razón a que se quiten las que ya están otorgadas", ha lamentado el ejecutivo de Cabify. Sobre todo, porque en Barcelona (y en Madrid) esa ratio es muy inferior por lo que, de aprobarse estrictamente, supondría dejar sin efecto a algunas de las licencias que actualmente están funcionando.
"Es triste que una empresa española, uno de los unicornios que se han creado en España, tenga que cerrar su negocio en su país", ha agregado.
Desde Cabify consideran que estas medidas están orquestadas por el sector del taxi ya que "quieren hacer desaparecer nuestra compañía". En esta línea, Silveyra ha recalcado que "es triste" que Podemos se deje influenciar por este sector que busca el beneficio propio y no el común.
Liberalización contenida
Una vez más, Silveyra ha indicado que entienden los argumentos que se exponen desde el sector del taxi y que por esa razón tienden la mano para alcanzar una armonía sostenida. En este sentido, Cabify considera que una liberalización "abrupta" sería el fin y provocaría el "caos" para los taxistas.
Por eso, el responsable en Europa pide una liberalización contenida que "ayude a los diferentes agentes acomodarse en el sector". Silveyra, por tanto, pide que se aumenten las licencias según "las necesidades de las ciudades y usuarios".
Sin acuerdo entre las partes
Tal y como se esperaba el acto de conciliación ha durado escasos minutos. Ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer y se verán las caras en el juicio.
Podemos, que ha llegado con los pesos pesados de la formación (Irene Montero, Pablo Echenique o Juan Carlos Monedero) a los Juzgados de Plaza de Castilla, ha vuelto a subrayar que "Cabify es una empresa que no tributa en España" por lo que defenderán y "velarán los derechos de los ciudadanos y de los taxistas".
En dicho acto de conciliación también se convocó una manifestación al que acudieron centenares de taxistas de toda la geografía española.