Fomento recuerda a Colau que no tiene competencias para regular a Uber y Cabify

La licencia municipal con la que Ada Colau quiere poner coto a la presencia de Uber y Cabify en las calles de Barcelona ha vuelto a prender la llama del enfrentamiento en el sector. Unos y otros se miran con desconfianza y, lo que es peor, ha puesto en un brete al recién llegado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se ha encontrado con una guerra que, supuestamente, había terminado.

Y es que la decisión de Ada Colau de imponer una licencia municipal a las VTC (licencia que utilizan los operadores privados) podría reventar la ‘paz’ alcanzada tras el último decreto del Gobierno Rajoy blindando a los taxistas. Fuentes del ministerio explican a EL ESPAÑOL que no se ha tomado una decisión acerca de un posible recurso a la decisión del consistorio de Barcelona; sin embargo, sí recuerdan que las competencias para expedir licencias VTC pertenecen “exclusivamente” al ministerio de Fomento.

Así que, para evitar que la situación pueda llegar a mayores, el organismo que lidera José Luis Ábalos tiene previsto llamar a todas las partes en las próximas semanas. El objetivo, explican fuentes conocedoras de la situación, es tratar de “actuar desde el diálogo” con la intención de lograr una “convivencia ordenada” entre ambos tipos de transporte, porque todos tienen su espacio.

Será un encuentro al que estarán llamados los principales ayuntamientos implicados y las asociaciones del sector para intentar abordar una situación que amenaza con descontrolarse. Algunas asociaciones de taxistas, como Élite Taxi, ya avisan de que lanzarán manifestaciones y protestas contra todos aquellos que intenten boicotear la licencia municipal, que se ha convertido en el gran objetivo del sector.

¿Y por qué? Pues porque consideran que, una vez obtenida una regulación nacional para que el límite de una licencia VTC por cada 30 de taxi sea el marco general, corresponde a los ayuntamientos evitar que se incumpla. Así que su objetivo es presionar a los consistorios para que tomen las medidas oportunas. Barcelona, tal como adelantó EL ESPAÑOL, ha sido el primero, pero otros como Madrid ya han pedido a Fomento que les diga si pueden o no tomar una medida de este calibre.

En la mañana de este miércoles, Fedetaxi ha enviado un comunicado en que apunta que la nueva regulación de VTC de Barcelona señala el camino para que la CNMC, Uber y Cabify rectifiquen "su política agresiva contra el sector del taxi". En este sentido, se ha congratulado de la nueva regulación de los vehículos de arrendamiento con conductor aprobada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y cree que las miradas se deben dirigir "a otros ayuntamientos que permanecen pasivos, como el de Madrid". 

No obstante, apuntan, contienen "el entusiasmo" por el "probable" panorama judicial al que prevén se enfrente el decreto de Ada Colau.

La opinión de Uber y Cabify 

Desde la patronal de las VTC, Unauto, ya han expresado su malestar. Recuerdan que, sólo en Barcelona, se podrían perder 1.300 puestos de trabajo; que podrían ser más si se extiende a otras ciudades del país. Así que la patronal ya estudia el reglamento de Colau con el objetivo de impugnarlo en los próximos días.

Pero es que, además de Unauto, también Uber y Cabify han salido a la palestra. Lo han hecho en un comunicado conjunto en el que afirman que “en Barcelona, una vez más, gana el taxi y pierden los ciudadanos”, y para explicar su postura ponen un ejemplo muy gráfico: “es como si mañana el Ayuntamiento decidiese que el número de farmacias en Barcelona es excesivo y que deben reducirse a la mitad. La gente que ha comprado su licencia, el local, ha invertido en reformas y pagado sus permisos e impuestos, lo perderían todo”, sostienen.