Blackstone planta cara a Podemos: sólo forzó 15 desahucios en las 1.800 viviendas sociales de Madrid

Blackstone pasa al ataque y niega que se dedique a presionar y desahuciar inquilinos sin ton ni son de las más de 50.000 viviendas que tiene en España, una acusación constante desde ciertos sectores sociales y grupos políticos como Podemos. Así que el máximo responsable del fondo en nuestro país, Claudio Boada, ha optado por aportar datos que hasta ahora eran desconocidos para desmontar esas teorías.

Según ha explicado Boada en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, el fondo tan sólo ha desahuciado con intervención de la Policía a 21 familias en situación de especial vulnerabilidad. De todos esos casos, 15 corresponden a viviendas que formaban parte de las más de 1.800 casas que adquirió en 2013 a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a través de Fidere; y, de ellos, 5 casos eran okupas. Hablamos de una cartera que, según ha dicho, contaba con una ocupación del 65% cuando la compraron y ahora ronda el 95%. 

Los otros seis se refieren a viviendas adquiridas a Cataluña Banc a través de Anticipa, y por la que el fondo se hizo con más de 24.000 viviendas y una cartera de préstamos hipotecarios. Un paso que permitió después la subasta de la entidad financiera y su adquisición por parte del BBVA.

Según Boada la “toma de posesión por la vía legal de las viviendas es la última que adoptamos”. Para ello, ha dicho, “se busca negociar con los inquilinos” todo el tiempo que haga falta para conseguir que paguen: reduciendo precios, ampliando plazos de pago de la deuda, etc. Un plan que, ha dicho, se ha aplicado en más de 1.000 ocasiones diferentes durante los últimos años.

Boada ha seguido poniendo ejemplos sobre la labor que hace el fondo en torno a las personas que presentan problemas de pago. Sólo en el caso de los 40.000 préstamos adjudicados procedentes de Cataluña Banc había 19.600 pendientes, y en 13.660 se llegó a acuerdos con un 60% de dación en pago, lo que permitió condonar más de 1.151 millones de euros en deudas.

No sólo eso, es que el responsable de Blackstone asegura que “se pagan incentivos a los deudores para ayudarlos en el realojo”, y en el caso de los casos de precariedad comprobada “se llevan a cabo programas de inserción laboral y acompañamiento”, porque tienen rigurosos mecanismos de control para detectar situaciones de vulnerabilidad. 

El caso de Barcelona

Ahora bien, Boada sí reconoce que “si llega el momento en el que no se cumple lo firmado o no logran llegar llegar a un acuerdo, se hace una reclamación de cantidades”. En este punto Boada también ha lamentado el fallecimiento el pasado 14 de junio de un inquilino en Barcelona que se suicidó cuando iba a ser desahuciado.

Según su relato tenía un impago acumulado de 17 meses y se había aplazado en dos ocasiones el lanzamiento. Se trata de una vivienda procedente de Aliseda (Banco Popular) cuyo control efectivo por parte de Blackstone, señala, no se produjo hasta el 22 de marzo de 2018. Desde entonces, y hasta el 14 de junio “se intentó contactar con el inquilino en 17 ocasiones, y no se llegó a una solución, pese a que se le ofreció condonar la deuda y ayuda por realojo”, ha dicho. Señaló que se trató de un “luctuoso suceso que nos apena profundamente”.

El responsable de Blackstone también ha intentado despejar otra de las acusaciones que se vierten contra las viviendas de la EMVS adquiridas en 2013: el hecho de que se subieron los precios de los alquileres de forma desorbitada para forzar a los inquilinos a abandonar las viviendas. Sin embargo, asegura que “cumplimos la ley al punto y a la coma. También se han respetado los contratos de la EMVS, los alquileres protegidos se han respetado hasta el momento en el que vencían los contratos en todos los casos. Nosotros venimos a generar riqueza, empleo y cumplir las leyes. Venimos a invertir como en otros países desarrollados”, ha sentenciado.

La labor de Blackstone en España

Claudio Boada también ha querido dejar patente el papel que los fondos como el suyo han hecho por la estabilización de la economía del país. Más de 18.000 millones de euros, que podrían ser 22.000 millones si sale adelante la OPA por Hispania “porque nos gusta España y tenemos vocación de permanencia”, ha dicho.

Ha recordado también que “empezamos a invertir en España cuando nadie lo hacía, en 2012 y 2013. Estamos desarrollando una gran labor en pro del desarrollo del país y, gracias a que los fondos invertimos, se logró poner un suelo al precio de la vivienda”.

Otro de los temas que ha querido tocar Boada en la comisión de investigación sobre la crisis financiera es el de que Blackstone y las socio con las que opera en España no pagan impuestos. "Pagamos el IVA y los impuestos que nos corresponde en cotizaciones sociales y retenciones del personal contratado", ha dicho. Lo que no pagan, tal como marca la Ley, es el Impuesto de Sociedades, aunque al estar obligados a repartir el 80% del beneficio en dividendos, los accionistas sí se ven obligados a tributar por los rendimientos obtenidos.