El expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno ha presentado una querella criminal contra uno de los responsables de los Servicios de Seguridad de la compañía, Juan Carlos Fernández Cernuda, por un presunto delito societario y otro de corrupción entre particulares.

Dichos delitos, según han informado hoy fuentes cercanas a Gimeno, se habrían cometido "bajo conocimiento de algún o algunos miembros del consejo de administración del grupo". En concreto, las acusaciones se vierten contra Fernández Cernuda, su madre, y Joaquín Domingo Martorell, socio de ambos en varias empresas.

En la querella, Gimeno acusa a Fernández Cernuda de facturar presuntamente "grandes cantidades" a El Corte Inglés por servicios relacionados con la seguridad a través de "sociedades interpuestas participadas por amigos y familiares", entre ellos su madre.

Según la misma fuente, Gimeno ha decidido interponer la querella ante la "reiterada negativa" del consejo de administración a esclarecer los hechos denunciados y "con el único fin de proteger el legado familiar, a los accionistas, bonistas y, sobre todo, al mejor activo de El Corte Inglés, sus trabajadores".

Esta misma semana, Gimeno interpuso también una demanda para impugnar la reunión del consejo de administración de El Corte Inglés celebrada el pasado 14 de junio y en la que se acordó su cese con ocho votos a favor, una abstención y en su ausencia.

Gimeno, que fue sustituido por Jesús Nuño de la Rosa y sigue vinculado al grupo como consejero y accionista, entiende que dicho consejo debe ser declarado nulo por adolecer de defecto de forma en su convocatoria.

Mientras el consejo decidía sobre su cese, Gimeno remitió a los trabajadores del grupo un escrito en el que afirmaba que "algunos" miembros del consejo de administración habían impulsado su destitución por denunciar indicios de irregularidades en algunos departamentos de la compañía.

En concreto, Gimeno pidió auditar los Servicios de Seguridad por presuntas irregularidades cometidas por Fernández Cernuda, quien dirige de facto el departamento, en la concesión de contratos a empresas de familiares y criticó además que dicha auditoría se encargara a EY, la misma firma que audita las cuentas del grupo.