Con esta operación, la compañía controlada por Carlos Slim busca reducir costes financieros y ampliar los plazos de vencimiento de su pasivo en el negocio que tiene en el mercado británico, el segundo mayor de la empresa tras el español.

En concreto, del monto total refinanciado, un importe de 145 millones de libras (unos 164 millones de euros) se ha reestructurado a través de una colocación de bonos a veinte años, que recibió calificación crediticia.

Otros 62,3 millones (70,5 millones) se articularon a través de una colocación de deuda privada en forma de préstamo bancario también a veinte años, mientras que el pasivo de 89,4 millones de libras restante se ha reemplazado por un nuevo préstamo suscrito con "un reducido número de bancos".

Para asegurar la emisión, FCC ha puesto como garantía de la misma dos de las plantas que tiene en Reino Unido para generar energía a través del tratamiento de resíduos. Se trata de la instalación de Allinton, en el condado de Kent, y la de Eastcroft, en Nottingham.

La financiación levantada ha reemplazado a la deuda a corto plazo que tenía FCC Environment UK, filial del grupo en Reino Unido, país en el que está presente desde hace treinta años y donde centra principalmente su actividad de servicios y tratamiento de resíduos.

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE DEUDA.

FCC aborda esta refinanciación mientras a escala corporativa está pendiente de amortizar parte del pasivo total de 3.780,9 millones de euros que actualmente soporta con una cantidad aún por determinar de los 1.024 millones que obtendrá cuando tras el verano cierre la venta a la firma australiana IFM del 49% de Aqualia, filial de agua y 'joya de la corona' de la compañía.

Reino Unido es el segundo mercado de FCC por detrás de España. En 2017, la compañía obtuvo en el país 755 millones de euros, el 13% de su facturación total, a pesar de que sus ingresos cayeron un 15,1% por el impacto del cambio de divisa.

Asimismo, la actividad del grupo en el país también participado por Esther Koplowitz en el mercado británico se vio influenciada por la menor recaudación de impuestos asociados a la gestión de vertederos que realiza por cuenta de la Administración.