Bruselas obliga a Correos a devolver 167 millones de ayudas públicas ilegales

Bruselas obliga a Correos a devolver al Estado español 167 millones de euros de ayudas públicas ilegales. Tras una larga investigación que ha durado más de dos años, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el operador público español de servicios postales recibió una compensación excesiva por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010, y también de que se benefició de exenciones fiscales que no se ajustan a las normas de la UE. España debe recuperar ahora estas subvenciones.

La sanción del Ejecutivo comunitario es el resultado de dos denuncias presentadas en Bruselas por Unipost y la Asociación de Paquetería. El anterior comisario de Competencia, Joaquín Almunia, fue el que empezó a examinar el caso. Pero ha sido su sucesora, la danesa Margrethe Vestager, la que abrió la investigación formal en febrero de 2016 y la que obliga ahora a reembolsar los 167 millones.

Según las normas de la UE, los Estados miembros pueden conceder ayudas públicas a las empresas a fin de compensar el sobrecoste que entraña la prestación de un servicio público, siempre que se cumplan determinados criterios. En particular, deben evitarse las compensaciones excesivas para minimizar el falseamiento de la competencia y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

Correos, empresa propiedad en su totalidad del Estado, sigue siendo el mayor proveedor de servicios postales en España, aunque opera en un mercado plenamente liberalizado y sometido a la competencia del resto de compañías que operan en el sector. Desde 1998 tiene encomendada la prestación del servicio postal universal.

Garantizar un uso eficiente de los fondos públicos

De acuerdo con la investigación de Bruselas, Correos recibió una compensación excesiva por un importe aproximado de 166 millones de euros por la prestación del servicio postal universal en España durante el periodo comprendido entre 2004 y 2010. Además, las exenciones fiscales específicas concedidas desde 2004 a la compañía le concedieron una ventaja indebida equivalente a 0,9 millones de euros.

Por lo tanto, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida a través de estas dos medidas era incompatible con el mercado interior de la UE y ordena a España que recupere el dinero de Correos.

En el curso de su investigación en profundidad, la Comisión evaluó también otras dos medidas de apoyo, que a su juicio no constituyen ayudas ilegales. En primer lugar, las aportaciones de capital concedidas a Correos entre 2004 y 2006. Bruselas considera que se realizaron en condiciones que un inversor privado habría aceptado y por ello se ajustan a las normas de la UE.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario ha constatado que la compensación concedida a Correos por la entrega de material electoral es anterior a la adhesión de España a la UE. Por tanto, esta medida constituye una ayuda existente que no debe recuperarse.