En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, König informó de que la JUR abrirá "a principios de agosto" el proceso para que los accionistas y acreedores que perdieron su inversión con la resolución del banco puedan registrarse para expresar su opinión, antes de que decida si tienen derecho a una compensación por las pérdidas.
El plazo para ello se cerrará "a mediados de septiembre" y "hasta entonces" la JUR hará "disponibles" tanto la versión no confidencial del último informe elaborado por la consultora Deloitte como el "acto preparatorio", según indicó König.
El denominado "informe 3", que la JUR recibió en junio, determina si los accionistas y acreedores hubieran recibido un trato mejor en caso de haber optado por un procedimiento nacional de insolvencia y sirve de base para determinar si la Unión Europea debe compensarles. El acto preparatorio es un borrador de la decisión que tomaría la JUR a la vista de este informe.
Una vez termine a mediados de septiembre el plazo de registro, aquellos afectados que sean considerados "elegibles" para dar su opinión podrán hacer sus alegaciones durante una segunda fase cuya duración König no precisó.
"Llevará tiempo, pero va en el interés de la buena gestión del caso", dijo la presidenta de la JUR, quien señaló que desean tener la visión de los afectados antes de decidir.
König defendió que "no habría cambiado nada" de la resolución del Banco Popular a la vista de que se mantuvieron las funciones críticas de la entidad y la estabilidad financiera.
"Podríamos habernos movido con pasos diferentes en términos de publicación (de información), quizá un poco más rápido, pero no habría cambiado nada", afirmó.
Preguntada sobre si, de repetir la operación, mantendría el precio de venta al Banco Santander en un euro, König señaló que "para definir un precio se necesita un comprador que es capaz de pagarlo" y la JUR "siempre elige al comprador que paga el mejor precio".
La presidenta del organismo europeo señaló además que "no hay conflicto de interés" en el hecho de que la consultora Deloitte haya realizado tanto el informe de valoración previo a la resolución como el posterior, que evaluó la adecuación de la misma.
La JUR adoptó la primera decisión de resolución de su historia el 7 de junio de 2017, cuando ordenó intervenir el Popular y su venta al Banco Santander por un euro en una operación que conllevó la amortización a cero de acciones y deuda subordinada de la entidad.
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