El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sus ojos en las grandes empresas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste una y otra vez en que el problema de la crisis “no es un problema de gasto excesivo (como decía el PP), es un problema de ingresos”. Por tanto, su objetivo esta legislatura será la de incrementar la recaudación fiscal.

Montero prepara para ello tres grandes reformas fiscales “urgentes” que tienen un enemigo común: las grandes empresas. Para ello insiste en que tocará de manera inminente el impuesto de sociedades, se creará una tasa a las tecnológicas, un impuesto a los bancos y se aumentará la imposición medioambiental.

“Una reforma que ya dejó encarrilada el Gobierno del PP”, ha dicho Montero en el Congreso, en donde ha avisado de que estos cambios entrarán en vigor “en 2019, nunca en 2018”, dado que “algunos de esos impuestos requieren de un proyecto de ley concreto para poder aplicarlo”.

El objetivo de esta reforma fiscal es “evitar que afecte a las clases medias o pequeñas y medianas empresas”. Así que el primer objetivo “inminente” será la puesta en marcha del impuesto a las empresas tecnológicas. Una imposición que gravará “los ingresos obtenidos por publicidad online, intermediación de bienes o venta de datos”. Es decir, que afectará desde redes sociales a agencias de publicidad, pasando por plataformas como Wallapop o Netflix.

De lo que se trata, dice Montero, es de “encontrar un encaje fiscal para que contribuyan” al desarrollo del Estado, pero “favoreciendo el desarrollo de estos modelos de negocio”.

Sociedades y bancos 

El segundo aspecto que se abordará será el impuesto de sociedades. Con un tipo mínimo del 15% para las grandes corporaciones, que conllevará la eliminación de buena parte de las deducciones a las que pueden acogerse ahora. Y es que, según sus cálculos, el tipo de sociedades está ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

La intención de Montero es la de “ajustar su contribución a la sociedad y al bien común” en un momento en el que el Estado ha cambiado sus prioridades para lograr que la política fiscal “tenga un papel esencial en la redistribución de la riqueza”, ha dicho.

Unos planes que ha expuesto en el Congreso donde la ministra ha explicado cuáles serán las primeras líneas de su departamento. Así que ha insistido en que será necesario también avanzar en la fiscalidad verde “no con afán recaudatorio, y dejando claro que no pueden afectar a los autónomos ni pequeños profesionales”, ha dicho.

Una imposición con la que se pretende “cambiar dinámicas, promover una economía más sostenible y contribuir a la economía circular”. Y cómo no, el impuesto a la banca también ha salido a la palestra. ¿Objetivo? “Conseguir que los bancos hagan una contribución efectiva en términos tributarios, algo que todavía no han hecho”, ha dicho.

No hacer alarmismo 

Montero se ha puesto el parche antes de la venda y ha pedido “prudencia” a quienes claman y avisan de que un aumento impositivo puede alejar a empresas de nuestro país. “Hay que hacer pedagogía, e intentar -por ejemplo- que la banca no repercuta en el crédito” este incremento que se avecina.

“Se trata de una fiscalidad alineada con lo que está haciendo Europa”, inisiste la ministra ante las críticas de algunos partidos de la oposición. Y ha dado un paso más al avanzar que más allá de estas medidas urgentes, en su imaginario está “una gran reforma fiscal que debe hacerse con el consenso de la mayor parte de las formaciones políticas.

Lista de morosos 

Una reforma fiscal que como ha contado EL ESPAÑOL aterroriza a las empresas en nuestro país. De hecho, la patronal CEOE ya ha advertido al presidente del Gobierno de que un aumento desaforado de los impuestos podría afectar a la subida salarial que se acaba de pactar con los sindicatos. 

Por cierto, que la lucha contra el fraude será otra de las máximas del departamento, para lo que Montero ya estudia la posibilidad de publicar los nombres de los responsables subsidiarios de las empresas que deban más de un millón de euros a la Agencia Tributaria.