El Gobierno nombrará al economista Maurici Lucena presidente de Aena, a propuesta del Ministerio de Fomento, según confirmaron a Europa Press fuentes del sector.

Maurici, que actualmente trabaja en Banco Sabadell como director de Regulación Prudencial y Public Policy, sustituirá en el cargo a Jaime García-Legaz, quien ha estado al frente del gestor de los aeropuertos españoles desde octubre de 2017, apenas nueve meses, cargo al que llegó de la mano del PP.

Su nombramiento, avanzado hoy por El Mundo, se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana viernes y el próximo lunes en el consejo de administración de Aena para su comunicación al mercado como empresa cotizada.

García-Legaz, que fue secretario de Estado de Comercio en la primera legislatura de Rajoy y presidente de CESCE, asumió la presidencia de Aena tras la dimisión de José Manuel Vargas procedente del sector privado, quien tuvo sus más y sus menos en su última etapa a cuenta de la internacionalización de la compañía.

Lucena (Barcelona, 1975) es licenciado por la Pompeu Fabra con un brillante expediente. Estuvo ligado al PSC donde fue asesor económico de José Montilla y de la campaña electoral en las elecciones de 2004. Además, ha sido portavoz de la formación en el Parlament de Catalunya entre diciembre de 2012 y octubre de 2015.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Se incorporó al Banco Sabadell en junio de 2016 tras abandonar la política, primero como director de control financiero, un cargo de nueva creación con el que pasó al sector privado en el banco presidido por Josep Oliu.

En su trayectoria profesional destacan cargos de responsabilidad en el sector público catalán, español y europeo. También ha sido director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y vicepresidente ejecutivo de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), adscrita al Ministerio de Defensa.

Asimismo, ha sido presidente del consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), y consejero de las empresas Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (Insa) e Hispasat Canarias.

El Estado es el primer accionista de Aena con el 51% del capital, a través de ENAIRE, y con la llegada del PSOE al Ejecutivo es probable que no sea el único cambio en el consejo del gestor aeroportuario.

En el consejo de Aena figuran como consejeros dominicales Ángel Luis Arias, actual presidente de la matriz, así como Pilar Arranz, Francisco Javier Martín, Rodrigo Madrazo y Tatiana Martínez, en representación de ENAIRE.

RETOS AL FRENTE DE AENA

Lucena cogerá las riendas de Aena con unas cuentas saneadas y un marco tarifario estable, recogido en el DORA 2018-2021, que incluye una rebaja del 2,2% anual. Hasta junio, pasaron más de 121 millones de pasajeros por los aeropuertos españoles (+6,8%), con un 1,07 millones de operaciones (+6,1%). En 2017 batió récord rozando los 250 millones de pasajeros y ganó 1.232 millones, un 5,8% más. Para este año prevé un aumento del 5,5% del tráfico.

La expansión será su principal reto. Aena ha aplazado la presentación del Plan Estratégico 2018-2021 hasta nueva fecha --prevista para el pasado 7 de junio-- sobre cuyo desarrollo deberá decidir el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien comparece este jueves por primera vez ante la Comisión de Fomento en el Congreso.

El esperado nuevo plan estratégico de Aena contempla las líneas generales de la hoja de ruta de la compañía para el próximo trienio, con diez líneas de acción, y fija la política de retribución al accionista vía dividendo en el 80% del beneficio neto individual, excluyendo partidas extraordinarias, que será aplicable a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, manteniendo la retribución realizada en el último ejercicio fiscal.

La privatización del 49% de Aena para su salida a Bolsa en 2015 y los dividendos percibidos desde entonces como máximo accionista han supuesto una inyección de más de 5.400 millones de euros para el Estado. Solo el año pasado las arcas públicas se embolsaron casi 500 millones a cuenta del dividendo. Con la nueva política de dividendo el Estado recibirá más de 1.500 millones de euros los próximos tres años.

Además, también están pendientes el desarrollo inmobiliario para identificar a los socios potenciales para los proyectos anunciados en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y definir el modelo de cesión, además de hacer una valoración de activos para fijar un precio mínimo.