Dirigido al juez que investiga la caída de la entidad, Fernando Andreu, el escrito del organismo recomienda realizar una revisión de auditoría adicional de la información financiera del primer semestre de 2017 a fin de comprobar si el registro de las pérdidas por la cartera de préstamos y del "ladrillo" cumple con la normativa.

El documento consultado por Efe se refiere a la llamada "operación Blackstone", aprobada dos meses después de la resolución del banco y de su compra por el Santander, y que se saldó con la venta del 51 % del negocio inmobiliario del Popular al fondo estadounidense.

La operación de la que ahora advierte el supervisor inició la creación de una sociedad que recibiría esos activos, tanto inmuebles como créditos, con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros así como el 100 % del capital de su filial inmobiliaria, Aliseda.

En concreto, el Departamento de Informes Financieros y Corporativos analiza los descuentos sobre el valor de tasación aplicados en el acuerdo con Blackstone, y duda de que éstos respondan a los que normalmente se suelen aplicar en ventas aceleradas en un mercado mayorista.

El descuento adicional alcanzó los 1.144 millones de euros a tenor de las estimaciones de la propia entidad financiera, que sostiene que los deterioros de la cartera de inversiones en dependientes del primer semestre de 2017, unos 2.650 millones, tendrían su origen en el plan de venta acelerada y al por mayor de activos inmobiliarios de sus filiales.

En su respuesta al organismo, el Popular alegó el "tamaño y la rapidez" de una operación únicamente equiparable a las aportaciones realizadas por la Sareb, el "banco malo", y "no a otras ventas de activos que se hayan producido anteriormente".

Asimismo, explicaba que el acuerdo, el cual contó con una opinión positiva de una entidad financiera que actuó como asesor, había sido resultado de un "proceso competitivo" en el que recibieron otras dos ofertas, ambas inferiores en términos económicos.

Con todo, tal como ha adelantado el diario Expansión, en caso de que la CNMV decida abrir cualquier expediente sancionador a la entidad o a los miembros de sus órganos de gobierno y alta dirección, su tramitación quedará paralizada a la espera de una futura sentencia judicial dictada en firme. EFECOM

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