Airbnb incumple las reglas de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores: maquilla la presentación de los precios e incluye cláusulas ilegales en las condiciones de uso. La Comisión ha lanzado este lunes un ultimátum al gigante estadounidense del alquiler vacacional para que corrija las irregularidades detectadas antes del final de agosto. De lo contrario, se enfrentará a duras sanciones. 

"Su popularidad no puede servir de excusa para no cumplir con la normativa de protección de los consumidores de la UE", se ha quejado la comisaria de Justicia, la liberal checa Vera Jourova. 

"Los consumidores deben poder comprender fácilmente por qué y cuánto han de pagar por los servicios contratados y contar con unas normas justas, por ejemplo, en caso de anulación del alojamiento por el propietario. Espero que Airbnb dé curso a este asunto con celeridad aplicando soluciones adecuadas", exige Jourova.

En concreto, Bruselas denuncia que Airbnb no presenta los precios de manera transparente en la búsqueda inicial, ya que añade más tarde tasas obligatorias ocultas como las de servicio o limpieza. Además, es difícil saber si la oferta procede de un anfitrión privado o de uno profesional, pese a que las normas de protección de los  consumidores son diferentes según el caso.

Cláusulas ilegales

En cuanto a las cláusulas abusivas, la Comisión resalta que la plataforma digital no debe inducir a error a los consumidores acudiendo a una jurisdicción en un país diferente de su Estado miembro de residencia; ni privar a los consumidores de su derecho legal de demandar a un anfitrión en caso de daños personales. Tampoco debe poder decidir unilateralmente y sin justificación qué condiciones podrán seguir en vigor en caso de terminación de un contrato.

También es ilegal que Airbnb se reserve el derecho de modificar unilateralmente las cláusulas y condiciones, sin informar claramente a los consumidores de antemano y darles la posibilidad de rescindir el contrato. O que las condiciones de servicio otorguen poderes ilimitados y discrecionales a la plataforma sobre la supresión de contenidos. La terminación o suspensión de un contrato por Airbnb debe explicarse a los consumidores y regirse por normas claras, sin privar a los consumidores del derecho a indemnización o de recurso.

Finalmente, la política del gigante en materia de restituciones e indemnizaciones y aceptación de demandas por daños debe definirse con claridad. La compañía tendrá que proporcionar en su sitio web un enlace con la plataforma de resolución de litigios en línea fácilmente accesible y toda la información necesaria.

Sanciones diferentes en cada país

Airbnb dispone de plazo hasta final de agosto para ofrecer a la UE soluciones detalladas sobre todos estos problemas. ¿Qué pasará si no cumple? La respuesta quedará en mano de las autoridades nacionales de protección de los consumidores, ya que Bruselas no tiene competencias centralizadas en este campo.

Pero Jourova avisa que los 28 han pactado ya una respuesta coordinada porque se trata de una vulneración de las reglas de la UE. "En todos los Estados miembros en los que los consumidores sigan viéndose afectados por estas condiciones injustas, las autoridades podrán lanzar un procedimiento que puede terminar en sanciones", ha dicho. Eso sí, sanciones diferentes en cada país porque todavía no se han armonizado a escala europea.