El Banco Popular no escatimó en recursos para cubrir la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que se realizó en 2016. A los 500 millones de euros invertidos por el propio consejo de administración, tal y como reconoció el propio Ángel Ron en su comparecencia en el Congreso, hay que sumar ahora el dinero que destinó el banco a financiar a sus clientes.

Según estimaciones internas del Popular, y con datos actualizados a marzo de 2017, se destinaron, al menos, 205 millones de euros a dichas compras. Según un informe de auditoría interna al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, esta cantidad habría servido al banco para financiar la adquisición de más de 163 millones de acciones.

“Se ha financiado el 48,28% de las acciones en la ampliación de capital en la muestra analizada”, dice el documento de auditoría. Una cifra que se logra después de un complejo análisis dado que no todos los clientes del Popular recibieron la misma cantidad de financiación, sobre todo, porque no todo el dinero que recibieron se destinó -necesariamente- a la compra de acciones.

Préstamos ligados a la compra

Normalmente, según explican fuentes conocedoras de las operaciones, se aprovechaba la concesión de un crédito o la renovación de alguna línea de financiación, para convencer a los clientes para que acudieran a la ampliación. De hecho, en muchas ocasiones, se ligaba la concesión de los préstamos a que una parte de ese dinero se destinara a la compra de títulos del banco. Aunque no es una práctica ilícita, el Popular trató de no dejar rastro para evitar hacer saltar las alarmas.

Esto explica que algunos clientes (el 77%) recibiera una financiación un 50% inferior a lo que finalmente invirtieron en nuevos títulos del banco. El 23% restante recibió cantidades que son un 50% superiores al dinero que gastaron en comprar acciones en la ampliación.

Según desvela el informe interno encargado en tiempos de Emilio Saracho y que obra en poder de la CNMV y la Audiencia Nacional, “por llamadas de clientes y de direcciones regionales se tuvo conocimiento de que se estaba financiando la adquisición de acciones”, algo que se transmitió al ex consejero delegado, Francisco Gómez, pero también al secretario del consejo Francisco Aparicio, quien “comentó que se podía hacer siempre que se dedujera del capital”.

No se adoptaron medidas 

Sin embargo, tal y como destacan las conclusiones, "en ningún momento se adoptaron decisiones para evitar dicha financiación o para, en su caso, transmitir las instrucciones precisas a la Intervención General para que el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad”.

Este último aspecto es relevante, ya que la normativa no prohíbe ayudar a los clientes a comprar acciones, pero sí que ese dinero se compute como ‘capital bueno’ para el banco. De hecho, en la reexpresión de las cuentas de 2016 (realizada en abril de 2017) fue uno de los factores que influyeron para que la entidad perdiera más de 2.500 millones de euros.

Además, y como relata Vozpópuli, la investigación interna del Popular vincula al exconsejero delegado, Francisco Gómez, con la “financiación ofrecida y formalizada con un importante grupo industrial por, aproximadamente, diez millones de euros”, según se señala en el documento.