El grupo parlamentario que forma Unidos Podemos y sus confluencias aboga por asegurar que la transición energética no tenga un impacto negativo para las personas más vulnerables. Para ello propone la creación de un bono social de gas, una medida que “hasta ahora no ha existido en España”.
Al igual que el bono social eléctrico, su asignación dependerá de unos umbrales de renta para los titulares del punto de suministro -personas que residan solas o en familia en su vivienda habitual- y diferenciará entre vulnerables y vulnerables severos. Además, permite que sean las Comunidades Autónomas las que fijen criterios de mayor protección.
El bono social cubrirá “la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso y un valor base, que será distinto según las categorías de personas consumidoras vulnerables que se establezcan, pudiendo alcanzar un descuento del 100% en la factura” para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, detalla la proposición de ley.
Aun así, el descuento estará limitado por un máximo de consumo anual y sería la Secretaría del Sector Eléctrico de la Agencia Estatal de Cambio Climático la que fijaría el valor base y el descuento aplicable respecto a la tarifa de último recurso.
Cargo al sector privado, no a presupuestos
¿Y quién se hará cargo del pago? Unidos Podemos lo deja claro: la financiación del suministro de gas de los beneficiarios del bono social será una obligación de servicio público y la asumirán todos los agentes que actúen en la cadena de suministro del gas natural, en función de su facturación.
“El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la facturación correspondiente a su actividad, excluyendo por tanto la facturación correspondiente a la repercusión regulada de otras actividades del sector”, explica la proposición de ley.
El cálculo del porcentaje de reparto lo realizaría cada año la Secretaría de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Cambio Climático, siguiendo el reglamento de la norma.
Si la norma sale adelante, la medida no gustará en el sector energético, en línea con lo que vienen argumentando hasta la fecha en referencia al bono social eléctrico. Fuentes consultadas por este periódico señalan que, dado que el gas no es un bien esencial como sí lo es la electricidad, no tiene sentido una medida de este tipo ya que existe una alternativa para las personas de bajos recursos, el gas butano.
Por otra parte, apuntan, que tratándose de una medida que persigue proteger a los ciudadanos en situación de necesidad, en línea con las políticas de Estado de Bienestar, corresponde al Gobierno sufragarlo vía Presupuestos Generales. “No se puede derivar la responsabilidad a la empresa privada”, añaden.
La financiación del bono social eléctrico fue una de las piedras en el zapato del anterior Gobierno. El último bono social, aprobado en octubre del año pasado, volvía a cargar el coste a las empresas comercializadoras. En el informe encargado al comité de expertos en Transición Energética se determinó que la vía para financiar este descuento a los consumidores en situación de vulnerabilidad eran los Presupuestos y para elevar los ingresos públicos para poder pagarlo, se proponía la subida de los impuestos a los combustibles fósiles y el IVA.
Otras medidas para el sistema gasista
El bono social de gas no es la única medida que afecta al sector gasista que se impulsa desde la proposición de ley de Unidos Podemos. En el capítulo IV se abordan varios aspectos fundamentales a modificar en este sector y se pone especial énfasis en la planificación.
En cuanto a las tarifas, con componente regulado y término variable, propone que éste último sea progresivo en función de la energía consumida por cada tipo de tarifa y que sirva para desincentivar el consumo y premiar a quienes sean más eficientes.
Por otra parte, a la vista de “los errores de planificación que se han producido en el pasado”, la norma propone una reevaluación de la previsión de demanda de gas y de las infraestructuras necesarias. Este análisis tendrá en cuenta dos aspectos: que al ser una energía fósil no se quiere incentivar su consumo y que las infraestructuras se amortizan en un largo periodo de tiempo con el objetivo de evitar una sobredimensión de la red gasista.
Es más, deja claro que el desarrollo de nuevas infraestructuras para el consumo doméstico y para alcanzar nuevos núcleos urbanos de población no contará con retribución específica. Sí tendrá retribución, “fijada en función de estándares de costes e ingresos internacionalmente aceptados y no en los costes que declaren las empresas”, aquellas dirigidas al consumo industrial de gas.
La norma prohíbe también la prospección y extracción de hidrocarburos en España, en concreto la fractura hidráulica (fracking), y con el objetivo de garantizar la competencia en el sector, “ningún grupo empresarial podrá aportar al sistema más de un 50% del gas natural total consumido”.