No más llamadas a horas inoportunas, mensajes de texto con ofertas o visitas de jóvenes que arrastran una carpeta y distintas facturas para contar las bondades de una u otra eléctrica.

La proposición de ley que Unidos Podemos y sus confluencias presentaron este jueves en el Congreso quiere regular la forma en que las empresas eléctricas comercializan sus productos y ha incluido un artículo específico donde prohíbe las prácticas más extendidas del sector.

“Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada sobre sus productos, ya sea telefónicamente, por sms o visitas domiciliarias, excepto en el caso de que el destinatario haya solicitado previamente recibir información sobre el servicio por dicho medio”, recoge el artículo 30 de la proposición de ley.

Para el sector, la noticia podría ser hasta buena ya que la ‘puerta fría’, como se conoce la venta que se realiza a través de comerciales que visitan directamente el domicilio de potenciales clientes sin haber sido contactados previamente, ha sido un quebradero de cabeza reputacional para muchas de ellas.

Es una herramienta de captación útil pero para que funcione bien la compañía tiene que contar con un músculo comercial interno fuerte, algo de lo que la mayor parte carece y acaban externalizando, con el consecuente riesgo de prácticas abusivas y engañosas que acaban perjudicando a los consumidores más vulnerables.

El anterior Gobierno se planteó tomar medidas en contra de este tipo de venta, aunque reconoció que era algo “complejo” ya que suponía prohibir a una empresa una vía de contratación de clientes y no se tomó ninguna medida al respecto.

Bajo la lupa de Competencia

Las prácticas comerciales de las comercializadoras eléctricas es uno de los temas que preocupan al órgano que dirige José María Marín Quemada. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevan tiempo alertando tanto de los abusos que cometen las comercializadoras tanto del sector eléctrico como del gas: desde la venta a puerta fría, a cambiar de comercializadora sin permiso de los clientes o disuadirles de contratar tarifas reguladas para potenciar el mercado libre, más caro.

La última medida que ha puesto en marcha el supervisor ha sido contratar a una empresa especializada en servicios de mistery shopping (cliente misterioso) para que controle tanto la calidad como la información que las compañías facilitan a los clientes a la hora de ofrecer los servicios, como contaba El Independiente.

Tras unos meses en pruebas, la CNMC alerta de que los comerciales argumentan con comentarios negativos sobre las tarifas reguladas y venden las bondades de las tarifas libres.

Comercializadoras públicas

El mismo artículo de la norma que impulsa  Unidos Podemos propone, además, que sea la Secretaría de Sector Eléctrico de la Agencia Estatal de Cambio Climático la que elabore y publique una guía y los modelos de documento constitutivo para poner más fácil a las entidades locales o autonómicas el proceso para crear una comercializadora eléctrica. “Las comercializadoras públicas deberán tener entre sus finalidades la protección de las personas consumidoras vulnerables”, agrega la norma.

Hace poco más de un año el Ayuntamiento de Barcelona dio un paso en este sentido y creó su propia comercializadora de electricidad. La empresa, Barcelona Energía, empezó a operar a principios de este mes y da servicio a edificios municipales, centros deportivos además del alumbrado y la señalización de las calles.

En total, más de 3.900 puntos de suministro que pasan a pagar la luz al ente público Tractament i Selecció de Residus (Tersa), dependiente del consistorio de Ada Colau. Con esta medida, según cálculos de los técnicos del Ayuntamiento barcelonés, se ahorrarán 710.000 euros al año. Gran parte de la energía que comercializa Tersa proviene de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs, que también gestiona dicha empresa.

Aunque en principio da servicio a los edificios y vías públicas, la idea del Ayuntamiento es abrir la comercializadora a los particulares antes de final de año. Aunque la ley marca como restricción que un 80% del consumo de la comercializadora pública sea propio, por lo que se estima que serán alrededor de 20.000 familias las que puedan cambiarse a esta comercializadora pública.