El 'dieselazo' de Sánchez obligará a renovar 18 millones de vehículos

"Durara más o menos" pero "tiene los días contados". Las declaraciones sobre el diésel de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han levantado ampollas en el sector de la automoción. Y es que la hipotética desaparición del carburante afectaría al 56% de los 32 millones de vehículos del parque automovilístico español y obligaría a reemplazar cerca de 18 millones de ellos, además de amenazar 40.000 puestos de trabajo.

A pesar de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, haya intentado rebajar la tensión asegurando que la subida impositiva al gasoil no afectará a pymes, autónomos y profesionales, las declaraciones de su homóloga no dejan lugar a dudas: en el Gobierno de Sánchez tienen sentenciado al diésel. 

Por ello, patronales, sindicatos y otras asociaciones de la industria han alzado la voz en contra de esta postura y solo grupos ecologistas la han aplaudido. El presidente de Anfac (Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones), José Vicente de los Mozos, asegura que con ella se ponen en riesgo los "más de 40.000 empleos y 17 fábricas" que dependen directamente de la producción y venta de automóviles diésel en España.

Contraste con gasolina

El dirigente ha advertido también de las consecuencias de la incertidumbre generada alrededor del combustible: "solo puede provocar que perdamos oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos y, con ello, que nuestra industria se debilite gravemente". 

Por su parte, el presidente de GANVAM (Asociación de Vendedores de Vehículos a Motor), Lorenzo Vidal, ha cuestionado incluso la efectividad de una eventual eliminación del diésel por considerar "un hecho" que los nuevos motores de gasoil Euro 6 "emiten la misma cantidad de partículas que un gasolina, pero menos dióxido de carbono (CO2) por consumir menos carburante". 

Sin embargo, un informe de Ecologistas en Acción subraya que el 80% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) del tráfico rodado en las principales áreas metropolitanas españolas son responsabilidad de los vehículos diésel. Por ello, el grupo celebra la postura del Gobierno pero pide, además, que la recaudación generada se invierta en medidas que fomenten el transporte sostenible, como "ayudas para la movilidad eléctrica".

¿Afán no recaudatorio?

La idea del Gobierno, como confirmó en el Congreso la ministra de Hacienda el pasado jueves, es equiparar progresivamente los precios del diésel y la gasolina, aunque insistió al mismo tiempo que los 'avances' en fiscalidad medioambiental no tendrán "afán recaudatorio". Esta medida, supondrá un aumento del 31% en el impuesto al gasoil, que pasaría de los 30,7 céntimos de euro por litro actuales a los 40,25 céntimos correspondientes a la gasolina.  

Si se aplicase de manera inmediata, este incremento fiscal supondría una inyección de 2.138 millones de euros anuales para las arcas del Estado. Implantado de forma escalonada, podría dejar un embolso adicional de 600 millones de euros ya en el primer año. Habrá que ver cómo reinvierte el Ejecutivo estos ingresos, pero no parece, en cualquier caso, que se trate de una medida baladí desde el punto de vista de la recaudación. 

En este sentido, desde la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), recuerdan que España carece de grandes ríos navegables e infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, por lo que la subida del diésel "puede perjudicar gravemente la competitividad internacional de muchos sectores económicos españoles".

El diésel, en cifras

Y es que de los más de 18 millones de vehículos diésel con los que contaba el parque español a finales de 2016 (últimos datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico), 13 millones son turismos y 4,4 millones son camiones y furgonetas, mientras que el resto corresponde a autobuses, motocicletas y tractores. Y aunque Montero ha sugerido que la reforma dejaría fuera a los autónomos, está por ver cómo pueden estos escaparse si los precios en el surtidor se disparan.

Eso sí: aunque la brecha entre el número de vehículos de gasoil (18 millones) y gasolina (13,6 millones) es aún considerable, las cifras de matriculación de nuevos turismos muestran una tendencia a la equiparación: a cierre de 2017 los matriculados de diésel supusieron el 48,3% del total, mientras que los de gasolina se quedaron en el 46,6%, de acuerdo a los datos que manejan en la patronal de fabricantes Afnac. 

Sin embargo, la importancia del gasóleo adquiere una magnitud mucho mayor si nos fijamos en el consumo: según datos de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), el 82,6% de los casi 28 millones de toneladas de carburantes de automoción que se consumieron en España en 2017 fueron de diésel, de modo que la gasolina solo supuso el 17,4%. 

Así, desde la Federación de Concesionarios (Faconauto) piden al Gobierno que "antes de dar por muerto al diésel y para evitar culpabilizar a los compradores", ponga en marcha "medidas concretas y soluciones democratizadas" para liderar así el proceso de descarbonización de la movilidad. 

Medidas de consenso

Esta 'alerta' por los planes del gobierno ha alcanzado también a los sindicatos, y la federación de Industria de UGT (FICA UGT) ya ha advertido que no van a "admitir medidas unilaterales en perjuicio de los intereses de los trabajadores".

Han calificado de "arriesgadas" las manifestaciones de Teresa Ribera por causar alarmismo e incertidumbre sin haber escuchado las opiniones de los agentes sociales. En cualquier caso, todos los actores del sector automovilístico coinciden en exigir al Ejecutivo medidas consensuadas para avanzar en la Transición Ecológica. 

A pesar de la polémica que levanta esta cuestión, parece que la desaparición del diésel a medio y largo plazo es una realidad, y que contribuirá a mejorar la calidad del aire que respiramos. No obstante, su enorme importancia como combustible en la actualidad demanda más sensibilidad en las declaraciones, y que las decisiones políticas que se tomen al respecto tengan en consideración a los muchos sectores a los que afectan.