El Banco Popular de Ángel Ron montó todo un entramado para financiar a sus clientes la compra de acciones de la ampliación de 2016. Así se refleja en la auditoría interna realizada por el equipo de Emilio Saracho durante los primeros meses de 2017; sin embargo, en ella se asegura que las instrucciones “nunca se transmitieron por escrito, y si se cometía el error de indicar que era financiación (de títulos) se rechazaba”.

Correos internos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL reflejan que en las oficinas del Popular se hablaba abiertamente de la posibilidad de ofrecer a los clientes mejoras en las condiciones de sus líneas de crédito o renovaciones; así como a la hora de solicitar nuevos préstamos a cambio del compromiso de destinar una parte a la compra de acciones.

“Propuesta de referencia autorizada, condicionada a la aportación de capital por al menos 2.000 euros” se puede leer en uno de esos emails enviado por un responsable de riesgos e inversiones del Banco Popular a una de las oficinas. Un correo con el que se da luz verde a la puesta en marcha de una financiación para una compañía que operaba con el grupo.

Lo mismo ocurre con una cadena de mensajes a la que ha accedido este diario. En ellas se pueden leer textos que indican cómo -a raíz de una propuesta realizada a una compañía y cuyo número de referencia se indica en él- “se compromete a comprar acciones de la ampliación por importe de 15.000 euros”. Y otro en el que se señala “Para (nombre de la empresa, omitido por este diario) condicionado a destinar 20.000 euros a la ampliación de capital”.

200 millones financiados

Unos mensajes que no fueron detectados por los distintos procesos de auditoría de la entidad, y que se enviaban a través de canales internos para, precisamente, poder eludir el control del Banco Central Europeo, explican fuentes de la red comercial. Las mismas fuentes aseguran que, de haberse detectado, tendrían que haberse descontado todas las cantidades de la ampliación, dado que la norma impide compatibilizar como ‘capital bueno’ el dinero financiado por el propio banco para comprar títulos.

De hecho, el informe de auditoría destaca cómo en respuesta a un requerimiento de CNMV de 28 de junio de 2016 preguntada por esta cuestión, la entidad “indicó un número inferior de operaciones de financiación, las que figuraban oficialmente como tales. Sin embargo, había constancia de otras muchas sin que se investigara con mayor profundidad”.

Los cálculos de esa auditoría interna cifran en 200 millones de euros la cantidad financiada que se empleó en la compra de títulos de la ampliación de 2016 del Popular. A ello hay que sumarle otros 500 millones de euros, según desveló Ron en el Congreso, que puso el consejo de administración. Por tanto, la realidad es que de 2.500 millones de euros que se buscaban, tan sólo se captaron poco más de 1.800 millones de euros.

Además, y según datos proporcionados por el presidente del Santander en España, Rodrigo Echenique, la red comercial del Popular colocó cerca del 40% de la ampliación, lo que demuestra que “un grupo muy numeroso de clientes acudió a la compra de acciones, y que muchos empleados también lo hicieron”. Sobre todo, porque en la ampliación anterior (2012) tan sólo se vendió en las oficinas poco más del 24%.

Tan extendido estaba el proceso de financiación a los clientes que, como ha contado este diario, el propio exconsejero delegado del Popular, Francisco Gómez, estuvo involucrado en la autorización de una operación de diez millones de euros con el propósito de destinarlo a la ampliación de capital. Sin embargo, pese a que lo ocurrido era vox populi, no se tomaron medidas para que ese dinero no se computara como ‘capital bueno’ de cara a la ampliación de capital. De hecho, los 200 millones tuvieron que ser descontados en la reexpresión de las cuentas emitida en el primer trimestre de 2017 con Saracho al frente del banco.

Otros responsables

El informe de auditoría interno implica no sólo Gómez, también a otros muchos cargos directivos como el exdirector de banca minorista, Antonio Pujol, el exdirector de negocio de clientes, José Ramón Lobo; así como los anteriores responsables de cumplimiento normativo, Juan José Rubio; de la intervención general, Javier Moreno; de auditoría interna,  Jesús Arellano y el de riesgos, José María Sagardoy.

Todos esos cargos, “se presume”, eran conocedores de lo que se estaba haciendo sin que se tomaran medidas para poner coto o, en su caso, hacer que los 200 millones financiados no se computaran de cara al Banco Central Europeo.