"Cuando la Corte lo estudia nosotros paramos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite sentencias legalmente vinculantes y nuestras recomendaciones no lo son, lo que significa que estamos obligados a cerrar las investigaciones", explicó hoy a Efe la portavoz de la institución, Gundi Gadesmann.

La decisión de la Defensora del Pueblo, Emily O'Reilly, firmada el 16 de julio, recuerda que así lo requieren tanto los tratados europeos como su propio estatuto.

Esta institución abrió en marzo una investigación por iniciativa propia tras recibir muchas quejas por parte de los afectados que reclaman, como personas sujetas a la decisión de la JUR de resolver el banco, un acceso a los documentos sobre la operación mayor que el del público general.

En el curso de la investigación, O'Reilly se reunió con los servicios de la JUR en abril, que le informaron de que el Tribunal de Justicia de la UE ya está analizando el tema del acceso a la información, concretamente a raíz de una demanda presentada por Activos e Inversiones Monterroso.

Como consecuencia, tras estudiar si efectivamente el caso judicial cubría el objeto de las quejas, la Defensora decidió cerrar la investigación.

La portavoz de la institución explicó que han recibido "muchas quejas" individuales de diferente índole sobre el caso, algunas de las cuales "no entraban dentro de las competencias" de la Defensora del Pueblo porque no se referían a instituciones europeas.

En ese caso, señaló, la institución les remitió a las instancias ante quienes podían interponer una queja, mientras que para las relativas a la JUR, dónde si tiene competencia, decidieron agruparlas y abrir una investigación propia.

La tardanza en cerrar la investigación, desde que en abril supieron que el tema estaba siendo tratado por el TJUE, se debe a que analizaron los diferentes aspectos de las quejas y si estos recibirían respuesta en el caso judicial, dijo.

En 2017 la JUR recibió 74 reclamaciones ante su Panel de Apelación sobre la resolución del Banco Popular, "varias contra las decisiones de negar acceso a documentos", de las que 54 se declararon inadmisibles, según el informe anual de la institución.

En febrero la JUR publicó versiones no confidenciales de los informes previos a la resolución, el plan de resolución que había elaborado con el Popular en 2016 y las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, entre otros documentos, pero los afectados consideran que sigue sin revelar información esencial para preparar su defensa en los tribunales.