Con 84 diputados en el Congreso -de 350- y con 43 senadores en el Senado -de 208-, Pedro Sánchez era consciente de que su estancia en La Moncloa tras la moción de censura con la que relevó a Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno no iba a ser fácil. Y los hechos lo están demostrando.
A los problemas que se está encontrando con la renovación del Consejo de RTVE y a los que se intuyen para sacar adelante el aumento del techo de gasto propuesto y de las nuevas metas del déficit público, se añade el malestar de las grandes compañías españolas por la cruzada fiscal anticipada por el Ejecutivo, que puede desencadenar una fuga de corporaciones en caso de que esos planes impositivos sigan adelante.
Por ahora, esta posibilidad era una opción `de pasillo¿, de conversaciones privadas. Pero este miércoles ya ha sido verbalizada de manera abierta por uno de los grandes del Ibex 35, Banco Santander. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, siempre dentro de un tono prudente a la espera de lo que el Gobierno haga finalmente, ha expuesto una posición que es compartida por otras grandes compañías españolas. ¿Si hay una doble imposición, las multinacionales españolas estaremos en desventaja y tendremos que repensar nuestra estructura legal¿, ha afirmado. ¿No estoy hablando de trasladar sedes¿, se ha apresurado en matizar, aunque el mensaje ya estaba lanzado. ¿Cuando tengamos datos, tomaremos la decisión adecuada, sin intención de hacer nada de momento¿, ha añadido.
Con el 85% del beneficio del banco generado fuera de España y Brasil como principal mercado al ser el origen del 26% de todas las ganancias, tal como precisó la entidad cántabra este miércoles con motivo de la presentación de sus resultados semestrales, su vocación ya es claramente internacional. Y para sus accionistas el cambio de sede hasta se vería como una consecuencia lógica de su dimensión internacional. Fuentes consultadas aseguran que, de hecho, ¿lo lógico¿ sería que compañías de este perfil ya hubieran mudado su sede, por lo que ¿'sólo' hace falta ofrecerles más argumentos para que lo terminen haciendo¿.
Y las intenciones fiscales del nuevo Gobierno pueden proporcionarlas. Los pretendidos impuestos a la banca o a las tecnológicas y la reforma del Impuesto sobre Sociedades para que las empresas paguen un tipo efectivo mínimo del 15% de su beneficio contable o para que paguen impuestos en España por los beneficios generados en otro país, y que ya han pagado impuestos por esas ganancias donde se han originado, alimentan ese riesgo.
DEL DICHO¿ AL HECHO
De ahí los consejos para que el Ejecutivo se mueva con prudencia. Precisan que una cosa es que España necesite reforzar la financiación de la Seguridad Social o incrementar su recaudación, inferior al 40% del Producto Interior Bruto (PIB) cuando la media de la Eurozona alcanza el 46%, y otra distinta que intente hacerse por `las bravas¿ y castigando a ciertos sectores o empresas, porque en ese caso el efecto puede ser contrario al deseado.
Especialmente sensible es el asunto de la doble imposición, mencionado abiertamente por el consejero delegado del Santander. "Si alguien como nosotros, que dependemos críticamente del dividendo de las filiales, tenemos que pagar otro impuesto además del que ya pagamos en el país de origen, esto afectaría a la morfología de las entidades", ha explicado. Para el conjunto de regiones, Álvarez ha cifrado en 4.000 millones de euros el dividendo de las filiales. "Si hay doble imposición, las empresas deberán cambiar su estructura legal", ha insistido. O dejar de ser multinacionales, como también ha sugerido.
¿El Gobierno debe tener presente que compite en un entorno global¿, expone un economista que prefiere no ser citado. ¿Si, por ejemplo, impone un impuesto a las tecnológicas de manera unilateral, sin hacerlo al menos a escala europea, sólo conseguirá que se vayan de aquí¿, añade.
Por eso consideran que lo importante es esperar a las medidas concretas que se acaben llevando a cabo, para contrastar lo dicho hasta ahora por el Ejecutivo con lo que se haga finalmente. Ponen como ejemplo lo ocurrido con el posible impuesto que se impondrá a la banca para financiar las pensiones. En un primer momento, a comienzos de 2018, el Partido Socialista anunció que se aplicaría sobre el beneficio antes de impuestos generado en España y que se situaría en el 8%, pero en las últimas semanas se ha comentado la posibilidad de que se aplique sobre los depósitos.