Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha estallado en las manos el peor conflicto posible: la ‘guerra del Taxi’ contra las VTCs (las licencias de los vehículos de alquiler con conductor), es decir, contra Uber y Cabify. Un enfrentamiento entre competidores que está a punto de derivar en un problema de orden público. No sólo por los episodios de violencia que hemos visto por parte de algún sector del Taxi; también porque los taxistas amenazan con “paralizar la economía del país”.

Esa promesa puede parecer excesiva, pero la realidad es que si hay un sector capaz de paralizar una gran ciudad es el del Taxi. De momento en Barcelona ya han colapsado la Gran Vía, pero, ¿se imagina usted que cientos de taxis se pusieran a circular a 20 km/h por la Diagonal de Barcelona o el Paseo de la Castellana de Madrid? ¿Se plantea qué ocurriría si cientos de taxistas bloquean con sus coches el acceso a puertos, aeropuertos, mercados de abastos u otras infraestructuras críticas? Podría ser el caso, y ellos lo saben. Más en pleno verano con el turismo a tope.

El Gobierno también sabe que esa posibilidad está encima de la mesa, también es consciente de su debilidad parlamentaria (y de la que se quiere aprovechar el Taxi, apoyado en parte por Podemos) y por eso el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha decidido poner esta semana toda la carne en el asador. Reunión este lunes con los taxistas, reunión este martes con el sector de VTC y reunión el miércoles con ambos junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Se trata de encuentros en los que el Gobierno busca dialogar para atender, en alguna medida, las actuales reclamaciones del Taxi: buscar la manera de que se pueda poner un límite a la actuación de Uber y Cabify en las ciudades mediante la llamada ‘licencia urbana’. ¿Por qué? Pues porque estiman que las dos multinacionales se meten en su negocio y hacen “competencia desleal”, aun cuando las asociaciones del sector reconocen que no les afecta más que al 10% del negocio en toda España.

El encuentro de este lunes no parece que vaya a ser sencillo, y los taxistas ya han avisado: o se aprueba la licencia urbana o la huelga será indefinida, pero no parece claro que del encuentro vaya a salir la solución. Sobre todo porque el Taxi ya no quiere palabras, quiere hechos, y aceptar sus pretensiones supondría una cesión por parte del Gobierno que debilitaría todavía más sus posiciones de cara a futuro.

Nos encontramos, por tanto, ante un conflicto al que todavía le queda mucho recorrido y ante el que el Ejecutivo tendrá que tener mucha mano izquierda si quiere desactivar la amenaza del Taxi. Sin embargo, la gran pregunta de todo es esta: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Una cuestión a la que queremos dar respuesta en las próximas líneas empezando por el principio y hasta llegar al momento actual.

1. ¿Qué es una VTC?

Se trata de las licencias de alquiler de coches con conductor. Son las que utilizan Uber y Cabify para operar. No son algo nuevo, es algo que existe desde hace años y se empleaban, por ejemplo, para las limusinas, los coches contratados a través de hoteles, etc.

Durante años han sido empleadas para el servicio discrecional de personas, y estaban operadas por grandes empresas de flotas de coches. Para evitar que pudieran hacer competencia al Taxi presentan grandes limitaciones: no pueden captar viajeros en la calle, deben tener el viaje precontratado, no pueden circular vacíos en espera de captar un nuevo cliente… Y además, también está limitado el número de licencias que debe haber en el mercado con el ratio de una VTC por cada 30 taxis.

2. Zapatero y la ley Ómnibus

Es el principio de la historia. Con la famosa Ley Ómnibus en 2009 se liberalizaron distintos sectores, entre ellos el del alquiler de vehículos con conductor, VTC. Eliminaba, además, el ratio de 1/30 que se estableció a través de una orden ministerial un año antes.

Eso supuso que cientos de miles de particulares, empresas y oportunistas se lanzaran a pedir unas licencias que costaban poco más de treinta euros en gastos administrativos. En parte se estaba ya planificando la llegada de nuevos operadores al mercado.

Esa legislación estuvo vigente hasta el año 2015, en el que el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a introducir en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT) el ratio de 1/30 impulsado, en buena medida, por el sector del Taxi. Esto supuso que miles de licencias VTC solicitadas y que aún no habían sido concedidas quedaran en suspenso, lo que llevó a reclamaciones judiciales que se van resolviendo ahora.

3. Uber y Cabify entran en juego

Fruto de la liberalización de licencias se prepara la llegada de nuevos operadores al mercado. Cabify es la que mejor aprovecha el juego, dado que ha ido haciendo una larga cartera de licencias que luego ha ido vendiendo a través de empresas a quienes querían trabajar con ella. Hablamos de unos activos (licencias) que en el mercado de segunda mano cuestan, ahora mismo, en torno a los 70.000 u 80.000 euros.

Tanto Cabify como Uber aprovechan la tecnología para modernizar el sector de VTC y, de paso, lanzar su modelo de negocio: al hacer una precontratación electrónica, eliminan algunas de las barreras que había hasta el momento, como el hecho de que se pudieran encadenar en un mismo día distintos viajes sin necesidad de acudir a la base; o la contratación ‘al momento’, algo que para los taxistas supone captación en la calle.

Las dos multinacionales se sumaron a los recursos que planteó también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el ROT del Gobierno Rajoy que reponía la ratio 1/30. Evidentemente, esa limitación juega en su contra dado que limita el número de coches que pueden tener en las calles.

4. Rajoy se alía con el Taxi

El recurso al ROT se resolvió por parte del Tribunal Supremo en junio. Avalaba la tesis del Gobierno de imponer limitaciones a las VTCs, y aseguraba que el Taxi debía ser defendido por ser un servicio de interés general. En paralelo, el Gobierno elevaba a rango de Ley el 1/30 modificando la Ley de Ordenación del Transporte; algo que, según algunas fuentes del sector, debía haberse hecho desde el principio eliminando la posibilidad de recurso ante la justicia tras el proceso de liberalización.

5. Entonces, ¿por qué no se cumple el 1/30?

Pues, básicamente, porque ahora mismo es imposible. El ratio que marca la Ley es la proporción que debe haber entre VTCs y Taxis. Sin embargo, las sentencias judiciales que surgen tras la puesta en marcha de la limitación en 2015, están haciendo que entren miles de licencias al mercado. Se calcula que entrarán aún más de 10.000 nuevas VTC.

A nivel nacional está en 1/7, mientras que en ciudades como Madrid es de una licencia de VTC por cada tres de taxi. Así que va a resultar muy complicado que se cumpla. La intención de la norma es evitar que se puedan conceder nuevas licencias de VTC hasta que no se vuelva a cumplir con esa ratio, pero evidentemente, respetando las ya concedidas para no vulnerar la legalidad.

Las VTC son de competencia estatal, pero concedidas por las Comunidades Autónomas por delegación. Así que son ellas las que, en último término, tienen la potestad de decidir cuántas licencias quieren dar o no. De hecho, la norma ya contempla que puedan ampliar el ratio, pero nunca haciéndolo más restrictivo.

6. ¿Qué piden los taxistas?

Lo que pretenden es que se cambie la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el reglamento que la desarrolla. Quieren, en concreto, dos cambios concretos: que se impida a las VTCs la posibilidad de hacer trayectos urbanos (es decir, un servicio con inicio y origen Madrid); así como que se ceda a Comunidades y Ayuntamientos plenas competencias para instaurar sus propias regulaciones en torno a VTCs.

Con ese cambio el Taxi espera que los Ayuntamientos les den la razón y les protejan en la línea de lo que ha hecho Ada Colau. Es decir, que puedan generar reglamentos propios limitando las licencias VTC que pueden operar en las ciudades, haciendo cumplir el 1/30.

Esto, en la práctica, supondría dejar fuera de juego a miles de vehículos que actualmente cuentan con autorización para operar, lo que podría generar reclamaciones masivas en los tribunales con indemnizaciones muy difíciles de cuantificar.

7. ¿Qué dice el TSJC del reglamento Colau?

Precisamente, ese argumento, es el que emplea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mantener en suspenso el reglamento aprobado por Ada Colau. En concreto, señala que "podrían derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una sentencia estimatoria firme". Sin embargo, no ve la posibilidad de que pudiera existir "un empeoramiento significativo de las condiciones del servicio del taxi".

8. ¿Cuál es la postura de Fomento?

El Ministerio de Fomento tiende la mano al diálogo y al consenso. Desde el Ejecutivo insisten en que es necesario una regulación consensuada entre los actores implicados: taxis y VTCs, pero también con las Comunidades y los Ayuntamientos. El objetivo es conocer las peticiones de unos y de otros, e incluso plantear la posibilidad de transferir las competencias de VTCs directamente a las autonomías.

9. ¿El acercamiento es posible?

Ahora mismo las posturas están muy alejadas. El Taxi está en huelga indefinida y amenaza con seguir así hasta que haya hechos y se apruebe la licencia urbana. Por ello exigen que este viernes se publique un Real Decreto que dé luz verde a sus pretensiones modificando la Ley.

Las VTCs tendrán que exponer también su postura, y por ahora no está claro qué van a exigir. Seguro que defenderán los 15.000 puestos de trabajo que generan, argumentarán que hace dos meses se cambió la Ley para ponerles más limitaciones, y está por ver si exigen también cambios normativos.

En medio de todo esto están las Comunidades y los Ayuntamientos, que podrían encontrarse con las competencias de control de las VTCs. De hecho, en Cataluña la Generalitat ya ha dicho que está dispuesta a aceptarlas para poner coto a Uber y Cabify en favor del taxi. También el Ayuntamiento de Barcelona, que ya tiene aprobado su reglamento y que, con ese cambio, tendría la luz verde definitiva.

Sin embargo, asociaciones como Fedetaxi temen que esto se convierta en un nuevo problema. Si no se pone una solución común y aceptada por todas las Comunidades y Ayuntamientos, “se estarían creando 17 problemas distintos” o lo que es peor, “un problema por cada Ayuntamiento”, por lo que reclaman que sean soluciones de amplio calado. Eso sí, sin renunciar a la licencia urbana, que apoyan todos los actores del Taxi.

10. ¿Quién representa al Taxi?

La huelga indefinida del Taxi a la que asistimos desde el pasado viernes arrancó en Barcelona y se extendió a Madrid. Ha llegado ya a Valencia, Sevilla, Zaragoza, Logroño, está previsto que en el País Vasco también haya paros este lunes y en otras muchas ciudades españolas.

Los taxistas dicen que es un movimiento espontáneo fruto del hartazgo y el cansancio de promesas vacías de los políticos. Sin embargo, al frente de todo ha estado el Taxi de Barcelona con las asociaciones de la ciudad a la cabeza. Fundamentalmente con Élite, que ha sido la principal organizadora de todo, con su portavoz Alberto ‘Tito’ Álvarez como figura más destacada.

El éxito en Barcelona contagió a sus compañeros en Madrid, que cerraron el aeropuerto de Barajas y las estaciones de Chamartín y Atocha al taxi el viernes y, a partir de ahí, todo corrió como la pólvora. Un movimiento que fue secundado por sus asociados y por otros compañeros en lo que muchos definían como algo “social en el que no hay asociaciones”.

El movimiento ha sido tan brutal que ha desdibujado el panorama representativo del Taxi. Hasta ahora Fedetaxi y Antaxi eran las voces cantantes, ya que son las mayoritarias. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ambas tuvieron que sumarse al carro de las movilizaciones el pasado sábado para no quedar fuera de juego ante la presión de sus asociados. Ahora está por ver si son capaces de recuperar el trono perdido o no.