El Taxi está en “paro técnico” en sus protestas contra el Gobierno. Una pausa que tiene fecha de caducidad: 14 de septiembre, el día en que el consejo de ministros debe aprobar las normas necesarias para que las comunidades puedan empezar a limitar la actividad de Uber y Cabify.

Será una habilitación opcional dado que no estarán obligadas a pedir la facultad de tomar medidas. Pero también es el caldo de cultivo perfecto para lo que más temen los gobiernos regionales: que los taxistas pasen de concentrarse en el Ministerio de Fomento a hacerlo en las puertas de sus respectivas consejerías, pidiendo que tengan valor y pongan límites a las multinacionales.

Esa escena de taxistas pitando a las puertas del Ejecutivo autonómico de turno es la que recorría el imaginario colectivo de muchos consejeros en su reunión con Fomento. Un ‘marrón’ de dimensiones colosales que empieza por la creación de nuevas normas, la creación de la licencia urbana para Ayuntamientos como Madrid y Barcelona, y que termina con el cumplimiento del ratio de una licencia VTC por cada treinta de taxi.

Este último punto es el que de verdad preocupa a las comunidades. La mayor parte de ellas son conscientes de que la propuesta del Taxi de eliminar las licencias de Uber y Cabify que ‘sobran’ en el mercado es prácticamente irrealizable.

Para que se cumpla escrupulosamente el ratio de 1/30 habría que quitar de las calles cerca de siete mil títulos de VTC, o lo que es lo mismo, el 77%, algo que “ni es fácil ni es legal”, explica a EL ESPAÑOL, Luis Díaz-Ambrona, letrado de Lean Abogados y ex Abogado del Estado.

EVOLUCIÓN DE LAS VTC EN CASO DE APLICARSE EL 1:30

“Una licencia concedida por la Administración no puede quitarse por una decisión arbitraria o por la presión de la calle, en este caso de los taxistas”, añade. Así que la única solución que ve este abogado y otros con los que ha consultado EL ESPAÑOL es la expropiación.

“Llegar al punto de expropiar licencias sería el peor de los escenarios posibles” explica uno de los letrados consultados. “Lo primero que tendría que justificar la Administración es que existe una causa de interés social”, dice el Abogado del Estado. A partir de ahí habría que valorar el perjuicio económico que se puede causar, la necesidad de adoptar esa decisión y proceder a indemnizar a las empresas o particulares a los que se les expropie la licencia.

El proceso no sería nada simple. “Ni siquiera se puede plantear como que el Estado compra a precios de mercado licencias porque sería una expropiación encubierta”, añade otro. Todo ello sin tener en cuenta que “adoptar esa decisión supondría ir contra la libre competencia y habría que ver lo que dice la Unión Europea”.

Parece, por tanto, que hay pocas posibilidades de llevarlo a cabo. Eliminar cerca de 7.000 licencias del mercado -con sus correspondientes indemnizaciones- puede tener un importante coste económico para el erario público. Un dinero, por cierto, que las comunidades autónomas ya han dicho que no van a poner porque “el problema no lo hemos creado nosotros”, en palabras de algunos consejeros que se reunieron con Fomento.

Incluso la Generalitat de Cataluña, que ya tiene todo preparado para recibir la capacidad de legislar sobre Uber y Cabify, ha dicho que sólo lo hará si el cheque está preparado. Es decir, que es consciente de que tarde o temprano tendrán que pagar algún tipo de indemnización. Máxime después de conocer, tal como ha contado EL ESPAÑOL, que muchos responsables de VTC están dispuestos a dar la batalla en los tribunales.

Por Comunidades

La posibilidad de retirar licencias, de la que nadie quiere hablar por ahora en el Gobierno, está en la cabeza de buena parte del sector y de muchas de las Administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha creado junto a las comunidades una comisión que estudiará la manera de “tender” hacia el ratio 1/30 con una hoja de ruta que se extenderá, presumiblemente, durante mucho tiempo.

Esa senda, muy desigual según las comunidades, supondría además quitar de las calles el 88% de las licencias en Andalucía y Madrid, mientras que en Canarias, Extremadura y La Rioja el ratio de 1/30 todavía no se cumple, por lo que habría que dar entrada a un mayor número de licencias.

Unas licencias, por cierto, que llegarán más pronto que tarde, porque los cálculos efectuados se han hecho con los últimos datos del Ministerio de Fomento. No podemos olvidar que en los juzgados hay cerca de 9.000 licencias pendientes de entrar a operar en los próximos meses. Todas esas autorizaciones fueron solicitadas entre 2009 y 2015, por lo que lo más probable es que sean concedidas por la Justicia, sin que haya una solución factible a priori para impedir que no empiecen a trabajar.

Parece, por tanto, que el Ministro Ábalos y su equipo tienen una larga tarea por delante, sobre todo sus equipos jurídicos, para articular una hoja de ruta que satisfaga a todas las partes. Hasta ahora el Taxi ha dado la batalla en la calle, pero no puede descartarse que en algún momento el sector de las VTC decida dar la suya. Así que, ocurra lo que ocurra, podemos prepararnos para un otoño caliente.