El MIG, que está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después". El gurpo inversor tenía, en términos agregados, en torno al 4% del capital de Popular, valorado en cerca de 470 millones de euros, que se liquidaron a cero.
"Por su conducta, España negó a los inversores un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan a sus inversiones y contra la expropiación ilegal", denuncia el socio de la firma que representa al grupo inversor mexicano, Kirkland & Ellis, Javier Rubinstein.Estos inversores enviaron una carta al Ejecutivo español el pasado mes de enero en la que notificaban su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional por su papel en la resolución del banco. El periodo de reflexión de seis meses para que Gobierno español y denunciantes resolviesen la disputa culminó el pasado 22 de julio, cuando el grupo mexicano comunicó que iniciaría el arbitraje una vez encontrase un 'foro' para iniciarlo.
Según ha informado este viernes, el MIG ha presentado un solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial del que México pasó a formar parte a finales del pasado mes, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Estas solicitudes han iniciado formalmente los procedimientos de arbitraje contra el Reino de España. La petición presentada ante el CIADI será revisada por esta institución antes de registrar el arbitraje, mientras que la notificación presentada conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI se entregó directamente a España, que tendrá 30 días para responder a dicho aviso, de conformidad con las reglas aplicables.
Los arbitrajes comenzarán con la formación del tribunal arbitral que, una vez formado, establecerá el calendario procesal para los arbitrajes.
ACUSAN AL GOBIERNO DEL PÁNICO DE LOS DEPOSITARIOS
Según denuncia el MIG, el Gobierno tomó medidas activas que dañaron la situación financiera de Popular antes de su resolución y que "provocaron el pánico" de los depositarios, como la "retirada de miles de millones de euros de la entidad" a través de entidades y divisiones del Ejecutivo, el "daño a la reputación" de Popular y consecuente agravamiento de la retirada de depósitos por sus declaraciones públicas y la negativa a proporcionar liquidez de emergencia al banco.
Asimismo, critican que el Gobierno español dirigió la venta de Popular a Santander por un euro, "muy por debajo del valor de mercado del banco, con el fin de lograr el objetivo predeterminado de España de garantizar que el Banco Popular se vendiese a un importante banco español".
En esta línea, indican que España tomó medidas activas a través del FROB para facilitar la operación, sin proporcionar a los inversores "la oportunidad de ser escuchados" antes de llevar a cabo la resolución, sin revelar el contenido completo de los fundamentos de la decisión, sin considerar medidas alternativas para proteger las inversiones, sin tomar medidas para mantener la estabilidad de otros bancos españoles con problemas de liquidez y sin un "proceso o compensación justa" a los inversores, como exige el Tratado y la ley española.
Del mismo modo, Del Valle y el resto de inversores aseguran que España ignoró soluciones alternativas existentes propuestas por la iniciativa privada que hubieran evitado la resolución, incluyendo el compromiso de inversores institucionales y hasta del propio MIG para inyectar capital en Popular o la venta de algunos activos para reforzar su posición de liquidez.
SUBASTA DE VENTA EN CONDICIONES INADECUADAS
Por otro lado, el MIG asegura que la subasta puesta en marcha por el Gobierno y el FROB para determinar el comprador de Popular se inició en unas condiciones inadecuadas, ya que "solo se invitó a ofertar a un puñado de bancos españoles", proporcionando "información inadecuada y tiempo insuficiente para las partes interesadas", dejando "previsiblemente" a Santander como el único ofertante y ganador menos de 24 horas después.
El propio FROB sugirió un euro como la oferta inicial mínima para Popular, que Santander "rápidamente" ofreció, un precio que se sitúa "muy por debajo del valor justo de mercado", propiciando una venta "bajo condiciones muy similares a las que el consejo de administración de Santander había aprobado semanas antes de la resolución", recalcan los denunciantes.