El Taxi de Barcelona sigue firme en su lucha para conseguir que se implante la licencia urbana que limite a Uber y Cabify en la ciudad. El siguiente paso que quiere dar es demandar a los miembros de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspendió el reglamento de movilidad implantado por Ada Colau en el Área Metropolitana de Barcelona.

Una medida que promueve la Asociación Élite Taxi, para quien los magistrados Manuel Táboas, Isabel Hernández y Héctor García habrían cometido un presunto delito de prevaricación administrativa, judicial, negligente o dolosa. Una actuación que está analizando en este momento el letrado Elpidio José Silva, que podría presentar la demanda el próximo mes de septiembre en nombre de los taxistas.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el análisis se basa en que los jueces habrían “prejuzgado” la impugnación del reglamento Colau a la hora de decidir su suspensión temporal. En la resolución emitida el pasado mes de julio, los magistrados del TSJC destacaban que “el propósito del reglamento impugnado es cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC en el entorno urbano de Barcelona". También anunciaba que de la aplicación del reglamento de Colau "podrían derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una sentencia estimatoria firme".

Sin pruebas

Ese análisis efectuado por los magistrados “es algo que no se ha visto jamás, algo inaudito, ya que anticipa la cuestión procesal (lo que debe estudiarse durante el juicio) sin haber practicado ni una sola prueba”, explica a EL ESPAÑOL, Elpidio José Silva, quien no descarta tomar nuevas medidas en el futuro.

Para el abogado, la demostración de que el reglamento de Ada Colau es perfectamente legal está en que Fomento retiró la petición de medidas cautelares tras impugnarlo y, además, cesó al director general de transportes por la decisión. Insiste en que tampoco la Generalitat decidió recurrir la normativa municipal, y que sólo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantuvo la solicitud de suspensión.

No sólo eso, es que Elpidio José Silva insiste en que instaurar una normativa municipal es perfectamente legal con la ley actual, ya que las licencias VTC (las que usan Uber y Cabify) se otorgan con carácter nacional, pero luego cada Ayuntamiento puede determinar sus propias leyes para limitar su expansión, ya que tienen competencias en materia de movilidad.

Fomento legislará en septiembre

La decisión de ir contra el TSJC llega tras las protestas de finales del pasado mes de julio, en el que taxistas de Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades bloquearon las calles para reclamar que Fomento adopte medidas que les ayuden a luchar contra Uber y Cabify. De los encuentros mantenidos por las asociaciones del Taxi con el Ministerio salió el compromiso de permitir que las Comunidades puedan reclamar competencias en materia de VTC para legislar, que se pueda crear la licencia urbana y se adopten medidas para cumplir el ratio de una VTC por cada treinta taxis.

Será a mediados de septiembre cuando Fomento lleve al Consejo de Ministros la primera batería de medidas comprometida con el sector del Taxi; sin embargo, desde Unauto (la patronal de VTC que engloba a Uber y Cabify) confían en que el Ejecutivo escuche sus reclamaciones y “no ceda a las presiones” ya que hablamos de un sector que, según sus previsiones, podría crear hasta 25.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.