El Gobierno de Pedro Sánchez se ha posicionado claramente a favor de promover mayor regulaciones en empresas “disruptivas” que han revolucionado sus respectivos sectores, pero muchas veces -dicen desde Moncloa- utilizando resquicios regulatorios, con mayores ventajas legales y pasando por encima de los derechos laborales y de los consumidores.

En sus tres meses en Moncloa, el equipo de Pedro Sánchez ha sido claro, primero anunciando impuestos a tecnológicas como Amazon, Google o Facebook, luego enviando inspecciones fiscales a compañías como Glovo y Deliveroo y esta semana anunciando su intención de poner freno a las nuevas normas de Ryanair que restan derechos a sus pasajeros y posicionándose claramente a favor del taxi en su conflicto contra Uber y Cabify.

Este jueves el ministro de Fomento José Luis Ábalos compareció en sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los avances de las negociaciones entre el sector de taxi y las VTC lideradas por Uber y Cabify. Una intervención en la que se posicionó claramente -y sin complejos- por el transporte tradicional.

Uber, Cabify y Ryanair

Ábalos aseguró que el sector de VTC compite "en desigualdad de condiciones y con evidentes ventajas" respecto al taxi, dada la mayor regulación a la que este gremio está sujeto por normativas locales y autonómicas en cuanto a "tarifas, horarios y calendarios". “Se ha convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana, pero no está sujeta a regímenes tarifarios como los taxis y les permite competir con ventajas frente a éstos”, ha indicado.

Fomento apuesta por el taxi, o dicho de otro modo, por elevar e igualar las normativas de los dos tipos de transporte urbano. Unas declaraciones que se conocieron solo 24 horas después de que el mismo Ábalos anunciase la intención de Fomento de frenar las intenciones de Ryanair de cobrar entre ocho y diez euros por subir equipaje de mano a sus vuelos, una nueva norma que entrará en vigor en octubre.

El Ministerio indica que la legislación española exige que las aerolíneas dejen subir equipaje a los vuelos por el mismo precio del billete, aunque la Unión Europea da libertad tarifarias a las aerolíneas. Para aclarar el asunto Fomento ha citado a Ryanair a una reunión en la que se le pedirán explicaciones.

Google, Facebook y Amazon

En este caso desde el Ministerio creen que se requiere un completo análisis jurídico. “También hay que tener en cuenta que en este caso pueden jugar un papel destacado las autoridades de consumo”, dicen. Desde este diario podemos confirmar que la medida no ha sentado nada bien a Fomento y que el objetivo es intentar frenar esta escalada de recortes de servicios en aerolíneas de bajo coste. 

Por otro lado, una de los primeros anuncios de Pedro Sánchez al llegar a Moncloa fue su intención de establecer un impuesto a las empresas tecnológicas extranjeras, de manera que se gravará efectivamente su facturación en España. Una normativa que afectaría directamente a compañías como Google, Facebook o Amazon, que facturan sus ingresos en nuestro país a través de sociedades constituidas en países con una fiscalidad más favorable.

El plan del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incluía la intermediación, la publicidad y la venta de datos a empresas con un límite del 5% de su facturación, mientras que Sánchez solo se ha limitado a señalar que se creará una tasa que, lo más probable, esté basada en los ingresos que generan estas plataformas en nuestro país.

Glovo, Deliveroo y Uber Eats

Pese a que este impuesto aún no toma forma y, de momento, solo es un proyecto, sí que ha dejado claro cuáles serán las prioridades del Gobierno respecto de estas empresas. Lo mismo ha pasado con Glovo y Deliveroo. A comienzos de agosto Moncloa lanzó el Plan Director para combatir la precariedad y “poner fin a las injusticias que sufren colectivos como las Kellys o los riders de reparto”.

Unas actuaciones que están directamente dirigidas al sector hotelero, pero también a las nuevas plataformas digitales de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo o Uber Eats que, según las denuncias de sus repartidores (riders) no cumplen la normativa laboral y abusan de la figura del falso autónomo.

El Gobierno ya se han enviado más de 50.000 cartas a las empresas supuestamente incumplidoras. El objetivo de esta primera fase es disuasorio, ya que las empresas identificadas serán informadas para que regularicen voluntariamente su situación y repongan los derechos a los trabajadores afectados. Si no se rectifican estas conductas, las sanciones llegarán en seis meses.