Además de Fernández Gayoso, el magistrado prosigue la causa contra los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como respecto al director de la oficina principal José Benito Parente y otras seis personas, mientras que decreta el archivo sobre los exdirectivos Domingo González y José Benito Varela.
La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso, fallecido, y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla" dadas sus "serias dificultades económicas.
De este modo, se habrían simulado contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar, fundada por Juan Lago, incluido en el procesamiento, que recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.
En total, la entidad otorgó a Promalar préstamos por un importe de 135 millones de euros.
La operación perseguía reflotar la conservera Bernardo Alfageme, para lo cual los exdirectivos diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera, que fue "mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración".
Entre otras irregularidades, el juez ha detectado que se tasaron fincas por 190 veces su valor real; en una de estas operaciones, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario se entregaron en garantía fincas valoradas en 133 millones, aunque su valor real era de 2,5 millones.
Reprocha además la "absoluta falta de diligencia" de los exdirectivos de Caixanova quienes permitieron que no se diera "una adecuada evaluación de la posición de riesgo de la entidad, en la que se analizase la situación financiera y la solvencia de Promalar".
Por ello, De la Mata considera estos hechos como presuntamente constitutivos de delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Bajo una "cuidadosa apariencia de perfecta regularidad de las operaciones financieras acordadas, la maniobra implicaba inexorablemente perjuicios económicos para la entidad financiera", sostiene el magistrado.
Respecto al supuesto delito de blanqueo, el magistrado ve indicios de que los gestores de la antigua caja ocasionaron un perjuicio a la entidad y que permitieron lucrarse de ello a Lago, quien "tan pronto como recibió los fondos de las operaciones procedió de inmediato a retirarlos" para adquirir la conservera.
La titular del juzgado central de Instrucción n 3, Carmen Lamela, propuso a comienzos de agosto juzgar a Gayoso, Gorriarán y Pego por irregularidades en una operación urbanística en Rivas Vaciamadrid (Madrid), que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros.
Entre enero y julio de 2017, Fernández Gayoso estuvo en prisión por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, pero fue liberado en atención a su avanzada edad, 86 años.